FALLO DEL STJ DE CORDOBA APORTADO POR LA DRA. IMBERTI VINCULADO A LA VIGENCIA DE LOS HONORARIOS MINIMOS LEGALES

Córdoba, octubre 24 de 2006.

 

1ª ¿Es procedente el recurso de casación por la causal del inc. 3° del art. 383 del C.P.C.? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. — El doctor Andruet (h) dijo:

I.La Dra. R.G.N., por derecho propio, interpone recurso de casación por el motivo del inc.3° del art. 383 del C.P.C. en autos “Credicentro S.A. c. Luconi Gabriel Alejandro – P.V.E. – recurso de casación”( C 61-05) contra la Sentencia N° 74 del 09 de junio de 2005, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad.

Corrido traslado a la contraria por el término de ley (art. 386 del C.P.C.) la misma no lo evacua según constancias de fs. 50 vta.; siendo concedido el recurso de casación por el Tribunal a quo (Auto Interlocutorio N° 382 del 30 de agosto de 2005).

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, dictado el decreto de autos a estudio, estando firme y consentido, la causa ha quedado en estado de resolución.

  1. Los agravios de casación contra la resolución impugnada se pueden compendiar de la siguiente manera: impugna el pronunciamiento por el motivo del inc. 3° del art. 383 del C. de P.C. y para abrir la competencia de la Sala trae dos resoluciones emanadas de la Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación y de la Cámara de Apelaciones de Séptima Nominación, respectivamente, ambas de esta ciudad, donde en su opinión se habría sentado una doctrina legal diferente estableciendo que para los procesos ejecutivos de escasa cuantía en los que no se opusieron excepciones, corresponde regular directamente el mínimo previsto por el art.34 de la ley 8226, es decir 10 jus sin reducción de ningún tipo (Sentencia N°159 , del 28 de octubre de 2003, “in re”: “Credicentro S.A. c. González Roberto José – Ejecutivo Particular-PVE” y “Auto Interlocutorio N° 270 del 25 de junio de 2004, “in re”: “Cuerpo de Copia en: Credicentro S.A. c. Rodríguez Miguel Angel-P.V.E.-Otros Títulos Expte. N°503224/36”).

III. Me anticipo a señalar que el recurso de casación resulta formalmente admisible.

Para la procedencia formal del motivo casatorio en estudio se requiere que ante situaciones fácticas análogas, las soluciones de derecho hayan sido diversas, por haberse interpretado idéntico precepto en forma antagónica. De tal modo se pretende no solamente la genuina inteligencia legal (“ratio legis” del instituto casatorio) sino, como consecuencia residual, superar la distinta interpretación jurisprudencial existente, rindiendo tributo a la seguridad jurídica. Para que esta sala pueda ejercer su función uniformadora, es preciso que el antagonismo que se presenta no sea la consecuencia de la existencia de distintas soluciones de hecho pues, en tal caso, no puede hablarse de una diversa interpretación legal.

En el caso concreto las sentencias que se compulsan contienen interpretaciones antagónicas de los principios y normas que rigen la regulación de honorarios en los procesos ejecutivos de escasa cuantía en los que no se opusieron excepciones. En efecto, mientras en el fallo impugnado se entendió que correspondía regular los honorarios de los letrados en un 60% del mínimo legal prescripto por el art. 34 o sea seis jus, conforme la regla del art. 78 del Código Arancelario, por el contrario en las sentencias que se traen en confrontación se reguló directamente el mínimo previsto por el art.34 de la ley 8226, es decir 10 jus sin reducción de ningún tipo.

  1. Examino a continuación la procedencia del recurso.

IV.1. Se discute en autos, si la regulación de honorarios que corresponde regular al letrado en un juicio ejecutivo en el cual, el monto de la base económica no alcanza a superar el umbral de una (1) unidad económica y por lo tanto, corresponde estar a los mínimos previstos en abstracto por el CA, en el caso del presente juicio ejecutivo de 10 jus debe ser así dispuesto; o si por el contrario puede ser ella inferior, esto es: 6 jus, en razón de haber aplicado sobre el nombrado total de 10 jus, la reducción del 60% que prevé la regla del art. 78 ib. para aquellos supuestos, en donde no se han opuesto excepciones en el pleito.

Al respecto, me he referido en manera reiterada en la Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación en lo Civil y Comercial por el mantenimiento derechamente del mínimo previsto por la ley arancelaria, así basta con revisarlo en los autos “Merolli Hermanos SRL c. Tello Angel-Ejecutivo” (Sentencia N° 173 del 6.XI.03) y por lo cual, no habiendo nuevas razones que modifiquen aquellos argumentos, así corresponde emitir el voto.

IV.2. De cualquier manera dejamos abierta al menos en perspectiva una hipótesis en donde no existiría ninguna objeción a perforar dicho mínimo minimorum de diez jus, donde la variable para tal ajuste no está en función de la previsión del art. 78 del CA, sino en la misma base económica del pleito.

En esos supuestos que indudablemente no son corrientes sino que son demostraciones sin duda alguna de una sociedad desquiciada, en donde deudores y acreedores no han logrado establecer una regla de correspondencia de sentido común para atender sus deudas y reclamar sus créditos, es que aparece ostensiblemente inicuo que no se regule honorarios por debajo del mímino de diez jus; mas reiteramos, se trata de supuestos donde la injusticia extrema que significaría consolidar esa cantidad de dinero que representan 10 jus de honorarios, pues no puede ser protegida por ningún sistema de derecho. El viejo apotegma lex iniustissima non est lex se entifica en éstos casos, que también son trágicos, aunque en rigor, no sean los que componen el repertorio de los que bajo dicha especie se nombran.

IV.3. A los efectos de sostener nuestro argumento indicamos que el ordenamiento jurídico arancelario como conjunto modalizador de las diferentes conductas de los ciudadanos, efectúa una ponderación más amplia que la meramente económica cuando impone determinados contenidos deónticos. La mirada patrimonial en modo alguno agota la visión profesional, pues por caso si así fuera, inexistentes serían los profesionales que por ningún rédito económico asumen cargas laborales; desconocer ello, es poner en duda la indiscutida función social que el ejercicio de la abogacía tiene.

La pretensión de estrechar los mínimos previstos, de ser atendida, importaría afectar a otros interesados en asegurar que la ley sea un eficaz instrumento de la justicia. No resulta posible efectuar una mera apreciación cuantitativa de los valores en juego en un pleito, para con esa pauta proceder a efectuar la correspondiente regulación de honorarios, adviértase pues, que aún en aquellos casos en donde la regulación de honorarios no esta signada por los mínimos que la ley impone, se prevé la cualificación no cuantitativa de la retribución arancelaria basándose en las pautas cualitativas que la ley ha previsto en el art. 36 del CA.

Se tratan precisamente de esas mismas pautas cualitativas las que la ley ha tenido en cuenta, cuando ha dispuesto de la existencia en una regulación mínima minimorum en atención a que la base regulatoria no alcance a pertenecer ni a una unidad económica. De allí se impone, que no respetar esos mínimos que en abstracto la ley ha comprendido justos, significa atentar contra la propia dignidad del hacer profesional puesto que, ellos se hacen cargo a priori, de que la retribución profesional no se impone solamente por el quántum del juicio.

Mirar de esa forma las cuestiones involucradas en las regulaciones arancelarias, significaría una visión estrecha y excesivamente crematística de la profesión de abogado, que por esencia tiene una dimensión social y dignificante que no puede ser olvidada.

El abogado no defiende una causa exclusivamente por el quántum de ella, está pues en juego su propia dinámica de lo justo, por ello, no resulta desatinado en principio como hemos dicho, pensar que ante casos donde la base regulatoria del pleito no alcanza al umbral previsto por la ley para una unidad económica, el mínimo de diez jus es lo que efectúa aquella ponderación axiológica y en última instancia de verdadera enjundia para la gestión de abogar por otros.

IV.4. Que seguramente se podrá argumentar en contra de lo dicho, y tal como conocemos que ha venido siendo el temperamento central del voto de la mayoría de la sala de este Alto Cuerpo, en orden a que se ha mirado la relación que resulta del art. 78 del CA, en cuanto que impone la reducción al 60% de los honorarios cuando no se han articulado excepciones como que a la vez, el art. 34 ib. que impone los mínimos, se refiere a la tramitación total del juicio; en modo alguno modifica el temperamento antes dicho.

En realidad una tesis así sostenida, lo que ha tenido que efectuar es realizar un proceso de analogía que en verdad es intransitable, terminando por asimilar que la ‘falta de excepciones’ es lo idéntico a ‘no completitud’ del juicio. La mencionada analogía, más allá del carácter fuerte que a la misma se le puede reconocer, en rigor no puede soslayar un aspecto si se quiere previo que como tal es la que autoriza la posibilidad de efectuar la misma operación intelectual. Me refiero en síntesis, a la necesariedad de que exista identidad de géneros o también nombrada como identidad de razón, que deben coexistir entre los presuntos entes analogables y que en el caso, se refieren como es obvio a entes procesales (cfr. Falcon y Tella, M.; El argumento analógico en el derecho, Madrid, Civitas, 1991, p. 86).

La naturaleza del giro utilizado en el art. 34 del CA: ‘tramitación total en primera instancia’, apela a la referencia a que exista lo que por esencia define la existencia de una tramitación total, como es, que se haya logrado la conclusión del segmento procesal que se inició con una determinada demanda, esto es, que exista una sentencia. Que ínterin de ella, hayan habido o no excepciones no es un dato sustancial a los fines de comprender la tramitación total, aunque como es obvio sí será un dato contingente necesariamente, para la ponderación de la regulación arancelaria cuando el caso a regular se encuentre por encima de una unidad económica y por lo tanto, no quede atrapado por los mínimos previstos por la ley.

La existencia o no de excepciones no modifica el carácter de haberse tramitado completamente o totalmente el juicio ejecutivo, en todo caso, habrá habido mayor o menor complejidad en su tramitación y por lo tanto, es que cuando el mismo se ubica por encima de una unidad económica es que orienta, regulaciones arancelarias completas o reducidas. Mas cuando está por debajo de esa cota, la ley ha requerido sólo la tramitación completa, esto es, la que ha concluido con una sentencia.

Finalmente cabe señalar, que hacer una hermenéutica de la regulación arancelaria del art. 34, 3er. párrafo del CA, acorde lo que resulta del art. 78 del CA; deviene en nuestra mirada, interpretar por lo genérico lo que está dispuesto sólo en un carácter excepcional y excluyente; lo cual también pone en duda el carácter virtuoso de la misma argumentación; en realidad nos estamos refiriendo a una variable del sofisma de non causae ut causae —no causa por causa— el que en realidad daría fortaleza a dicho ensayo (cfr. nuestro libro Teoría general de la argumentación forense, Córdoba, Alveroni, 2001, pág. 326).

  1. La sentencia impugnada no se adecua a la correcta interpretación de las normas y principios que regulan los honorarios desarrollada en los considerandos precedentes, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado en su contra y disponer la anulación de la misma. Así voto.

La doctora Cafure de Batisttelli dijo:

  1. La relación de causa reseñada por el Vocal preopinante satisface las exigencias del art.329 del CPCC, razón por la cual adhiero y remito a ella en homenaje a la brevedad.
  2. Asimismo comparto la motivación orientada a evidenciar que la articulación recursiva sub júdice resulta formalmente admisible, toda vez que se observan los recaudos que el rito exige para habilitar la limitada competencia de éste Tribunal de casación.

III. También adhiero al temperamento que propicia el Sr. Vocal de Primer Voto en orden a la procedencia de la impugnación.

He tenido oportunidad de pronunciarme sobre la cuestión de derecho arancelario que se propone con el recurso, en los autos: “Segurado Walter J. C/ Mi Valle S.A. y otro-Ejecutivo-Recurso de Casación” (Auto Interlocutorio N°92 del 24 de abril de 2003), y en el cual sostuve lo siguiente: “Concretamente, considero … que en los supuestos de juicio ejecutivo de monto mínimo, en el cual no se han planteado excepciones, el mínimo minimorum dispuesto por el art.34 (10 jus) no es susceptible de reducción alguna.

Esto es, no resulta aplicable la reducción prevista en el art.78 de la ley 8226 cuando corresponde regular el tope mínimo que establece el art.34 del mismo cuerpo legal.

  1. Es cierto que, conforme surge de la propia letra del art.34 del Código Arancelario, el mínimo de diez jus es sólo aplicable a los casos en que se hubiera desarrollado íntegramente el proceso ejecutivo.

Sin embargo, la no oposición de excepciones no transforma el juicio en “parcialmente” desarrollado.

En otras palabras, si ha recaído sentencia que pone fin al pleito, éste se ha tramitado en su totalidad, siendo indiferente si el ejecutado articuló o no excepciones para obstar la procedencia de la acción.

La sola circunstancia que el accionado no haya ejercido oportunamente su derecho de defensa en nada afecta al hecho de que el proceso tramitó íntegramente, siempre que se haya dictado sentencia de remate. La mayor o menor complejidad del trámite del juicio no es valorable en el supuesto que el resultado que se obtiene es inferior al honorario mínimo.

En definitiva, el equivalente de diez jus es el costo mínimo que puede acarrear la intervención de un letrado en juicio ejecutivo en el que se haya dictado resolución que agote la acción.

  1. El legislador, al fijar en la ley arancelaria una mínima regulación ha querido jerarquizar el ejercicio de la abogacía, estableciendo una retribución mínima para los pleitos de escasa o pequeña cuantía.

Luego, si la pretensión ejecutiva obtiene respuesta en una resolución que le es favorable y la acoge, la tramitación del proceso ha sido completa, no pudiéndosele imputar al letrado —a los fines de reducir sus estipendios— la actitud omisa del demandado que no opuso excepciones. Fijada la regulación y conforme lo normado por la ley 24.432 y la interpretación de la misma efectuada in re: “Montoya Jaramillo Nelson c. Federación Agraria Arg.- Soc. Coop. de Seguros Ltda.-Ejecutivo especial-Rec. de Insconstitucionalidad”, Sent. N°151 del 29/12/99)”, el abono de los mismos por parte del condenado en costas no podrá superar el 25% de su acreencia, lo que supere ese monto estará a cargo del comitente del actor”.

  1. En el precedente cuya disidencia estoy transcribiendo concluí señalando que “… si bien en estos casos (no oposición de excepciones) la tarea profesional puede haberse visto restringida, lo cierto es que ha habido una indiscutida eficacia en la proposición de la demanda (evidenciada por el concreto éxito obtenido) y se ha visto involucrada la responsabilidad profesional (art. 36, ley 8226) lo que motiva la imposibilidad de reducir el mínimo legal, consagrado para garantizar una retribución digna. Si ese mínimo no estuviera garantizado los acreedores por montos mínimos se verían privados de la asistencia profesional necesaria para estar en juicio”.

VII. Conforme lo expuesto y resultando que la sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina propugnada, por cuanto regula los honorarios profesionales conforme las pautas del art.78 de la ley 8226, corresponde hacer lugar a la casación intentada y en consecuencia anular el pronunciamiento en crisis. Así voto.

El doctor Sesín dijo:

  1. Me prevalgo de la síntesis de censuras transcriptas por el Sr. Vocal de primer voto, Dr. Armando Segundo Andruet (h), empero discrepo en orden a la doctrina que los Sres. Vocales preopinantes propugnan.
  2. Por criterio mayoritario de esta sala —con distinta integración— que he suscripto y mantengo, se sentó doctrina en punto a la cuestión controvertida en ejercicio de la función nomofiláctica y de unificación (a.i. n° 92 del 24.04.03 de 2003, autos: “Segurado Walter J. c. Mi Valle S.A. y otr. – Ejecutivo – Recurso de Casación”).

En dicho precedente se señaló que la tarea profesional cumplida en el proceso de naturaleza ejecutiva debe regularse conforme a las específicas normas que atienden a su particular carácter y que el mínimo de diez jus fijado por el art. 34 de la ley 8226, relativo al honorario mínimo para los juicios ejecutivos es sólo para los casos en que se hubiera desarrollado íntegramente el proceso ejecutivo sin haberse obviado ninguna de las etapas del mismo. (Conf. T.S.J., sala C y C in re: “Barra Rubén Ethel c.José Dambolena – Ejecutivo – Recurso de Casación”, Sentencia n° 258 del 29/12/98; íd. “Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba c. Arcor S.A.I.C. – Ejecutivo – Recurso de Casación”, Sentencia n° 45 del 30/04/99).-

Esta es la única solución posible si se atiende al texto de la norma bajo análisis que literalmente dispone: “En ningún caso… los honorarios del profesional podrán ser inferiores a… diez (10) jus por la tramitación total en primera instancia, en procesos ejecutivos y de apremio…”.

Ello así, en mi opinión el sub lite —a despecho de lo pretendido por el recurrente— no puede ser subsumido en la regla del art. 34, desde que no configura la hipótesis fáctica normada por tal disposición que —reitero— refiere sólo a los juicios ejecutivos en los cuales se dio cumplimiento a la totalidad de las etapas procesales previstas por el rito, sin supresión de ninguna de ellas.

Por otro costado, corresponde señalar que sí existe en el ordenamiento arancelario vigente otra norma que específicamente regula la situación concreta de autos.

Me refiero a la contenida en el art. 78 de la ley 8226, que dispone para las hipótesis de juicios ejecutivos sin articulación de excepciones (a contrario: sin tramitación total) la aplicación del sesenta por ciento (60%) de la escala del art. 34.

En definitiva, en la especie el juicio ejecutivo de monto mínimo se ha tramitado sin que el demandado haya opuestos excepciones al progreso de la acción.

Por lo tanto la tramitación del proceso no ha sido íntegra.

Esto provoca la inaplicabilidad del honorario mínimo fijado en el art. 34 de la ley 8226 e impone la subsunción del caso de marras en el art. 78 del mismo cuerpo legal que ordena la aplicación del 60% de la escala de aquél.Resta señalar que la regulación arancelaria propugnada, en los términos del art. 78 de la ley 8226, de ninguna manera importa una violación a los derechos o garantías del letrado.

Es cierto que los honorarios mínimos dispuestos por ley arancelaria procuran dignificar la profesión del abogado asegurando una retribución adecuada a la jerarquía de su ministerio y al tiempo que insume la defensa del cliente, y que por lo tanto no pueden ser ignorados por la magistratura. Así lo ha sostenido este Alto Cuerpo (Conf. TSJ, en pleno, in re: “Montoya Jaramillo Nelson c. Federación Agraria Arg. – Soc. Coop. de Seguros Ltda. – Ejecutivo especial – Rec. de Inconstitucionalidad”, Sent. N° 151 del 29/12/99).

Pero también es real que —como el propio legislador lo ha dejado en claro en el texto del art. 34— el tope mínimo de 10 jus ha sido establecido atendiendo a la labor desempeñada por el letrado en la tramitación total en primera instancia en juicios ejecutivos.

Es decir, la retribución mínima se ha fijado en proporción a las distintas tareas profesionales que debe efectuar el letrado, al tiempo que le insume la defensa de su cliente y a la responsabilidad comprometida en el pleito, cuando el proceso ejecutivo se desarrolla íntegramente.

Luego, resulta coherente y justo que si la labor del abogado en el juicio se redujo prácticamente al escrito de demanda, ello no le da derecho al cien por ciento del honorario mínimo (que fue previsto para el caso de tramitación total del pleito).

Para la determinación del precio del honorario, el Código Arancelario contiene diferentes pautas, cualitativas y cuantitativas a los fines de dar satisfacción a uno de sus postulados teleológicos esenciales: asegurar una retribución digna y equitativa de la actividad cumplida.

En consecuencia, de la armoniosa vinculación entre el honorario mínimo fijado en el art. 34 de la ley 8226 y la reducción prevista por el art. 78 del mismo cuerpo legal, resulta razonable concluir que el primero procura retribuir dignamente el trabajo desplegado en la tramitación íntegra de un juicio ejecutivo y el segundo tiene por objeto remunerar equitativamente el trabajo en función de la extensión abreviada de tiempos y de esfuerzos por la supresión de etapas procesales.VII. Conforme lo expuesto y resultando que la sentencia recurrida se ajusta a la doctrina propugnada, por cuanto regula los honorarios profesionales conforme las pautas del art.78 de la Ley 8226, corresponde rechazar el recurso de casación. Así voto.

2ª cuestión. — El doctor Andruet (h) dijo:

  1. Atento las conclusiones a que arribé al tratar la primera cuestión, propongo que se haga lugar al recurso de casación y se anule la sentencia impugnada, sin costas en esta sede extraordinaria (art.107, ley 8226).
  2. Corresponde resolver sin reenvío el recurso de apelación pendiente (C.P.C., art.390).

La abogada de la actora, por derecho propio, apela la sentencia recaída en primera instancia, limitadamente en relación al monto de sus honorarios, ya que los mismos fueron fijados en un 60% del mínimo legal prescripto por el art.34 o sea seis jus, conforme la regla del art.78 del Código Arancelario.

La cuestión de derecho propuesta en el recurso de apelación ha sido dirimida por la Sala al examinar la casación. En efecto, en esa oportunidad se agotó el tratamiento del tema y en función de los fundamentos expuestos se concluyó que corresponde regular directamente el mínimo previsto por el art.34 de la ley 8226, es decir 10 jus sin reducción de ningún tipo. De allí que, por razones de brevedad, baste con remitirse a las consideraciones desarrolladas en esa oportunidad sin que sea necesario añadir nada más al respecto.

En definitiva y en virtud de las apreciaciones efectuadas, corresponde hacer lugar al recurso de apelación, modificar la sentencia del juez de primer grado y regular los honorarios de la apelante en el mínimo de la escala del art.34 de la ley 8226.

Sin costas de apelación (art.107 Ley 8226). Así voto.-

La doctora Cafure de Batisttelli dijo:

  1. Atento a lo que he venido exponiendo coincido con el Vocal de Primer Voto en el sentido que debe hacerse lugar al recurso de casación planteado por la recurrente y en consecuencia, anular la sentencia impugnada, sin costas en esta sede extraordinaria (art.107, ley 8226).
  2. Igualmente adhiero a la decisión que él propicia de resolver sin reenvío el recurso de apelación pendiente (C.P.C., art.390) y de hacer lugar al recurso de apelación, modificando la sentencia del juez de primer grado y regulando los honorarios de la apelante en el mínimo de la escala del art. 34 de la ley 8226.

Sin costas de apelación (art.107 Ley 8226). Así voto.

El doctor Sesín dijo:

Atento a lo que he venido exponiendo discrepo con el Sr. Vocal de Primer Voto en el sentido que debe hacerse lugar al recurso de casación planteado por la recurrente y en consecuencia, corresponde confirmar la sentencia impugnada, sin costas en esta sede extraordinaria. Así voto.-Por el resultado de los votos emitidos, y por mayoría, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de casación y, en consecuencia, anular el pronunciamiento recurrido en cuanto estableció los honorarios de la Dra. R.G.N. en un 60% del mínimo prescripto por el art. 34 conforme la regla del art. 78 del Código Arancelario. II. Sin costas en esta sede extraordinaria (art. 107, ley 8226). III. Hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, modificar la sentencia impugnada en relación con los honorarios profesionales de la apelante, Dra. R.G.N., estableciendo los mismos en la suma de pesos Doscientos Cuarenta y cinco ($245), dejando firme el fallo en todo lo demás. Sin costas de apelación (art. 107, ley 8226). — Armando S. Andruet (h). — María E. Cafure de Battistelli. — Domingo J. Sesín.

 

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *