Cuota periodica mensual

Estimados colegas: El Directorio del Colegio de Abogados, comunica a los colegiados que a partir del 1º de Abril la cuota periodica mensual y el aporte profesional seran de $150(pesos) c/u. Quedan uds. debidamente informados  y a vuestra disposicion por sugerencias y/o comentarios.Desde ya , muchas gracias.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

FALLO DEL STJ DE CORDOBA APORTADO POR LA DRA. IMBERTI VINCULADO A LA VIGENCIA DE LOS HONORARIOS MINIMOS LEGALES

Córdoba, octubre 24 de 2006.

 

1ª ¿Es procedente el recurso de casación por la causal del inc. 3° del art. 383 del C.P.C.? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. — El doctor Andruet (h) dijo:

I.La Dra. R.G.N., por derecho propio, interpone recurso de casación por el motivo del inc.3° del art. 383 del C.P.C. en autos “Credicentro S.A. c. Luconi Gabriel Alejandro – P.V.E. – recurso de casación”( C 61-05) contra la Sentencia N° 74 del 09 de junio de 2005, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta ciudad.

Corrido traslado a la contraria por el término de ley (art. 386 del C.P.C.) la misma no lo evacua según constancias de fs. 50 vta.; siendo concedido el recurso de casación por el Tribunal a quo (Auto Interlocutorio N° 382 del 30 de agosto de 2005).

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, dictado el decreto de autos a estudio, estando firme y consentido, la causa ha quedado en estado de resolución.

  1. Los agravios de casación contra la resolución impugnada se pueden compendiar de la siguiente manera: impugna el pronunciamiento por el motivo del inc. 3° del art. 383 del C. de P.C. y para abrir la competencia de la Sala trae dos resoluciones emanadas de la Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación y de la Cámara de Apelaciones de Séptima Nominación, respectivamente, ambas de esta ciudad, donde en su opinión se habría sentado una doctrina legal diferente estableciendo que para los procesos ejecutivos de escasa cuantía en los que no se opusieron excepciones, corresponde regular directamente el mínimo previsto por el art.34 de la ley 8226, es decir 10 jus sin reducción de ningún tipo (Sentencia N°159 , del 28 de octubre de 2003, “in re”: “Credicentro S.A. c. González Roberto José – Ejecutivo Particular-PVE” y “Auto Interlocutorio N° 270 del 25 de junio de 2004, “in re”: “Cuerpo de Copia en: Credicentro S.A. c. Rodríguez Miguel Angel-P.V.E.-Otros Títulos Expte. N°503224/36”).

III. Me anticipo a señalar que el recurso de casación resulta formalmente admisible.

Para la procedencia formal del motivo casatorio en estudio se requiere que ante situaciones fácticas análogas, las soluciones de derecho hayan sido diversas, por haberse interpretado idéntico precepto en forma antagónica. De tal modo se pretende no solamente la genuina inteligencia legal (“ratio legis” del instituto casatorio) sino, como consecuencia residual, superar la distinta interpretación jurisprudencial existente, rindiendo tributo a la seguridad jurídica. Para que esta sala pueda ejercer su función uniformadora, es preciso que el antagonismo que se presenta no sea la consecuencia de la existencia de distintas soluciones de hecho pues, en tal caso, no puede hablarse de una diversa interpretación legal.

En el caso concreto las sentencias que se compulsan contienen interpretaciones antagónicas de los principios y normas que rigen la regulación de honorarios en los procesos ejecutivos de escasa cuantía en los que no se opusieron excepciones. En efecto, mientras en el fallo impugnado se entendió que correspondía regular los honorarios de los letrados en un 60% del mínimo legal prescripto por el art. 34 o sea seis jus, conforme la regla del art. 78 del Código Arancelario, por el contrario en las sentencias que se traen en confrontación se reguló directamente el mínimo previsto por el art.34 de la ley 8226, es decir 10 jus sin reducción de ningún tipo.

  1. Examino a continuación la procedencia del recurso.

IV.1. Se discute en autos, si la regulación de honorarios que corresponde regular al letrado en un juicio ejecutivo en el cual, el monto de la base económica no alcanza a superar el umbral de una (1) unidad económica y por lo tanto, corresponde estar a los mínimos previstos en abstracto por el CA, en el caso del presente juicio ejecutivo de 10 jus debe ser así dispuesto; o si por el contrario puede ser ella inferior, esto es: 6 jus, en razón de haber aplicado sobre el nombrado total de 10 jus, la reducción del 60% que prevé la regla del art. 78 ib. para aquellos supuestos, en donde no se han opuesto excepciones en el pleito.

Al respecto, me he referido en manera reiterada en la Cámara de Apelaciones de Quinta Nominación en lo Civil y Comercial por el mantenimiento derechamente del mínimo previsto por la ley arancelaria, así basta con revisarlo en los autos “Merolli Hermanos SRL c. Tello Angel-Ejecutivo” (Sentencia N° 173 del 6.XI.03) y por lo cual, no habiendo nuevas razones que modifiquen aquellos argumentos, así corresponde emitir el voto.

IV.2. De cualquier manera dejamos abierta al menos en perspectiva una hipótesis en donde no existiría ninguna objeción a perforar dicho mínimo minimorum de diez jus, donde la variable para tal ajuste no está en función de la previsión del art. 78 del CA, sino en la misma base económica del pleito.

En esos supuestos que indudablemente no son corrientes sino que son demostraciones sin duda alguna de una sociedad desquiciada, en donde deudores y acreedores no han logrado establecer una regla de correspondencia de sentido común para atender sus deudas y reclamar sus créditos, es que aparece ostensiblemente inicuo que no se regule honorarios por debajo del mímino de diez jus; mas reiteramos, se trata de supuestos donde la injusticia extrema que significaría consolidar esa cantidad de dinero que representan 10 jus de honorarios, pues no puede ser protegida por ningún sistema de derecho. El viejo apotegma lex iniustissima non est lex se entifica en éstos casos, que también son trágicos, aunque en rigor, no sean los que componen el repertorio de los que bajo dicha especie se nombran.

IV.3. A los efectos de sostener nuestro argumento indicamos que el ordenamiento jurídico arancelario como conjunto modalizador de las diferentes conductas de los ciudadanos, efectúa una ponderación más amplia que la meramente económica cuando impone determinados contenidos deónticos. La mirada patrimonial en modo alguno agota la visión profesional, pues por caso si así fuera, inexistentes serían los profesionales que por ningún rédito económico asumen cargas laborales; desconocer ello, es poner en duda la indiscutida función social que el ejercicio de la abogacía tiene.

La pretensión de estrechar los mínimos previstos, de ser atendida, importaría afectar a otros interesados en asegurar que la ley sea un eficaz instrumento de la justicia. No resulta posible efectuar una mera apreciación cuantitativa de los valores en juego en un pleito, para con esa pauta proceder a efectuar la correspondiente regulación de honorarios, adviértase pues, que aún en aquellos casos en donde la regulación de honorarios no esta signada por los mínimos que la ley impone, se prevé la cualificación no cuantitativa de la retribución arancelaria basándose en las pautas cualitativas que la ley ha previsto en el art. 36 del CA.

Se tratan precisamente de esas mismas pautas cualitativas las que la ley ha tenido en cuenta, cuando ha dispuesto de la existencia en una regulación mínima minimorum en atención a que la base regulatoria no alcance a pertenecer ni a una unidad económica. De allí se impone, que no respetar esos mínimos que en abstracto la ley ha comprendido justos, significa atentar contra la propia dignidad del hacer profesional puesto que, ellos se hacen cargo a priori, de que la retribución profesional no se impone solamente por el quántum del juicio.

Mirar de esa forma las cuestiones involucradas en las regulaciones arancelarias, significaría una visión estrecha y excesivamente crematística de la profesión de abogado, que por esencia tiene una dimensión social y dignificante que no puede ser olvidada.

El abogado no defiende una causa exclusivamente por el quántum de ella, está pues en juego su propia dinámica de lo justo, por ello, no resulta desatinado en principio como hemos dicho, pensar que ante casos donde la base regulatoria del pleito no alcanza al umbral previsto por la ley para una unidad económica, el mínimo de diez jus es lo que efectúa aquella ponderación axiológica y en última instancia de verdadera enjundia para la gestión de abogar por otros.

IV.4. Que seguramente se podrá argumentar en contra de lo dicho, y tal como conocemos que ha venido siendo el temperamento central del voto de la mayoría de la sala de este Alto Cuerpo, en orden a que se ha mirado la relación que resulta del art. 78 del CA, en cuanto que impone la reducción al 60% de los honorarios cuando no se han articulado excepciones como que a la vez, el art. 34 ib. que impone los mínimos, se refiere a la tramitación total del juicio; en modo alguno modifica el temperamento antes dicho.

En realidad una tesis así sostenida, lo que ha tenido que efectuar es realizar un proceso de analogía que en verdad es intransitable, terminando por asimilar que la ‘falta de excepciones’ es lo idéntico a ‘no completitud’ del juicio. La mencionada analogía, más allá del carácter fuerte que a la misma se le puede reconocer, en rigor no puede soslayar un aspecto si se quiere previo que como tal es la que autoriza la posibilidad de efectuar la misma operación intelectual. Me refiero en síntesis, a la necesariedad de que exista identidad de géneros o también nombrada como identidad de razón, que deben coexistir entre los presuntos entes analogables y que en el caso, se refieren como es obvio a entes procesales (cfr. Falcon y Tella, M.; El argumento analógico en el derecho, Madrid, Civitas, 1991, p. 86).

La naturaleza del giro utilizado en el art. 34 del CA: ‘tramitación total en primera instancia’, apela a la referencia a que exista lo que por esencia define la existencia de una tramitación total, como es, que se haya logrado la conclusión del segmento procesal que se inició con una determinada demanda, esto es, que exista una sentencia. Que ínterin de ella, hayan habido o no excepciones no es un dato sustancial a los fines de comprender la tramitación total, aunque como es obvio sí será un dato contingente necesariamente, para la ponderación de la regulación arancelaria cuando el caso a regular se encuentre por encima de una unidad económica y por lo tanto, no quede atrapado por los mínimos previstos por la ley.

La existencia o no de excepciones no modifica el carácter de haberse tramitado completamente o totalmente el juicio ejecutivo, en todo caso, habrá habido mayor o menor complejidad en su tramitación y por lo tanto, es que cuando el mismo se ubica por encima de una unidad económica es que orienta, regulaciones arancelarias completas o reducidas. Mas cuando está por debajo de esa cota, la ley ha requerido sólo la tramitación completa, esto es, la que ha concluido con una sentencia.

Finalmente cabe señalar, que hacer una hermenéutica de la regulación arancelaria del art. 34, 3er. párrafo del CA, acorde lo que resulta del art. 78 del CA; deviene en nuestra mirada, interpretar por lo genérico lo que está dispuesto sólo en un carácter excepcional y excluyente; lo cual también pone en duda el carácter virtuoso de la misma argumentación; en realidad nos estamos refiriendo a una variable del sofisma de non causae ut causae —no causa por causa— el que en realidad daría fortaleza a dicho ensayo (cfr. nuestro libro Teoría general de la argumentación forense, Córdoba, Alveroni, 2001, pág. 326).

  1. La sentencia impugnada no se adecua a la correcta interpretación de las normas y principios que regulan los honorarios desarrollada en los considerandos precedentes, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado en su contra y disponer la anulación de la misma. Así voto.

La doctora Cafure de Batisttelli dijo:

  1. La relación de causa reseñada por el Vocal preopinante satisface las exigencias del art.329 del CPCC, razón por la cual adhiero y remito a ella en homenaje a la brevedad.
  2. Asimismo comparto la motivación orientada a evidenciar que la articulación recursiva sub júdice resulta formalmente admisible, toda vez que se observan los recaudos que el rito exige para habilitar la limitada competencia de éste Tribunal de casación.

III. También adhiero al temperamento que propicia el Sr. Vocal de Primer Voto en orden a la procedencia de la impugnación.

He tenido oportunidad de pronunciarme sobre la cuestión de derecho arancelario que se propone con el recurso, en los autos: “Segurado Walter J. C/ Mi Valle S.A. y otro-Ejecutivo-Recurso de Casación” (Auto Interlocutorio N°92 del 24 de abril de 2003), y en el cual sostuve lo siguiente: “Concretamente, considero … que en los supuestos de juicio ejecutivo de monto mínimo, en el cual no se han planteado excepciones, el mínimo minimorum dispuesto por el art.34 (10 jus) no es susceptible de reducción alguna.

Esto es, no resulta aplicable la reducción prevista en el art.78 de la ley 8226 cuando corresponde regular el tope mínimo que establece el art.34 del mismo cuerpo legal.

  1. Es cierto que, conforme surge de la propia letra del art.34 del Código Arancelario, el mínimo de diez jus es sólo aplicable a los casos en que se hubiera desarrollado íntegramente el proceso ejecutivo.

Sin embargo, la no oposición de excepciones no transforma el juicio en “parcialmente” desarrollado.

En otras palabras, si ha recaído sentencia que pone fin al pleito, éste se ha tramitado en su totalidad, siendo indiferente si el ejecutado articuló o no excepciones para obstar la procedencia de la acción.

La sola circunstancia que el accionado no haya ejercido oportunamente su derecho de defensa en nada afecta al hecho de que el proceso tramitó íntegramente, siempre que se haya dictado sentencia de remate. La mayor o menor complejidad del trámite del juicio no es valorable en el supuesto que el resultado que se obtiene es inferior al honorario mínimo.

En definitiva, el equivalente de diez jus es el costo mínimo que puede acarrear la intervención de un letrado en juicio ejecutivo en el que se haya dictado resolución que agote la acción.

  1. El legislador, al fijar en la ley arancelaria una mínima regulación ha querido jerarquizar el ejercicio de la abogacía, estableciendo una retribución mínima para los pleitos de escasa o pequeña cuantía.

Luego, si la pretensión ejecutiva obtiene respuesta en una resolución que le es favorable y la acoge, la tramitación del proceso ha sido completa, no pudiéndosele imputar al letrado —a los fines de reducir sus estipendios— la actitud omisa del demandado que no opuso excepciones. Fijada la regulación y conforme lo normado por la ley 24.432 y la interpretación de la misma efectuada in re: “Montoya Jaramillo Nelson c. Federación Agraria Arg.- Soc. Coop. de Seguros Ltda.-Ejecutivo especial-Rec. de Insconstitucionalidad”, Sent. N°151 del 29/12/99)”, el abono de los mismos por parte del condenado en costas no podrá superar el 25% de su acreencia, lo que supere ese monto estará a cargo del comitente del actor”.

  1. En el precedente cuya disidencia estoy transcribiendo concluí señalando que “… si bien en estos casos (no oposición de excepciones) la tarea profesional puede haberse visto restringida, lo cierto es que ha habido una indiscutida eficacia en la proposición de la demanda (evidenciada por el concreto éxito obtenido) y se ha visto involucrada la responsabilidad profesional (art. 36, ley 8226) lo que motiva la imposibilidad de reducir el mínimo legal, consagrado para garantizar una retribución digna. Si ese mínimo no estuviera garantizado los acreedores por montos mínimos se verían privados de la asistencia profesional necesaria para estar en juicio”.

VII. Conforme lo expuesto y resultando que la sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina propugnada, por cuanto regula los honorarios profesionales conforme las pautas del art.78 de la ley 8226, corresponde hacer lugar a la casación intentada y en consecuencia anular el pronunciamiento en crisis. Así voto.

El doctor Sesín dijo:

  1. Me prevalgo de la síntesis de censuras transcriptas por el Sr. Vocal de primer voto, Dr. Armando Segundo Andruet (h), empero discrepo en orden a la doctrina que los Sres. Vocales preopinantes propugnan.
  2. Por criterio mayoritario de esta sala —con distinta integración— que he suscripto y mantengo, se sentó doctrina en punto a la cuestión controvertida en ejercicio de la función nomofiláctica y de unificación (a.i. n° 92 del 24.04.03 de 2003, autos: “Segurado Walter J. c. Mi Valle S.A. y otr. – Ejecutivo – Recurso de Casación”).

En dicho precedente se señaló que la tarea profesional cumplida en el proceso de naturaleza ejecutiva debe regularse conforme a las específicas normas que atienden a su particular carácter y que el mínimo de diez jus fijado por el art. 34 de la ley 8226, relativo al honorario mínimo para los juicios ejecutivos es sólo para los casos en que se hubiera desarrollado íntegramente el proceso ejecutivo sin haberse obviado ninguna de las etapas del mismo. (Conf. T.S.J., sala C y C in re: “Barra Rubén Ethel c.José Dambolena – Ejecutivo – Recurso de Casación”, Sentencia n° 258 del 29/12/98; íd. “Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba c. Arcor S.A.I.C. – Ejecutivo – Recurso de Casación”, Sentencia n° 45 del 30/04/99).-

Esta es la única solución posible si se atiende al texto de la norma bajo análisis que literalmente dispone: “En ningún caso… los honorarios del profesional podrán ser inferiores a… diez (10) jus por la tramitación total en primera instancia, en procesos ejecutivos y de apremio…”.

Ello así, en mi opinión el sub lite —a despecho de lo pretendido por el recurrente— no puede ser subsumido en la regla del art. 34, desde que no configura la hipótesis fáctica normada por tal disposición que —reitero— refiere sólo a los juicios ejecutivos en los cuales se dio cumplimiento a la totalidad de las etapas procesales previstas por el rito, sin supresión de ninguna de ellas.

Por otro costado, corresponde señalar que sí existe en el ordenamiento arancelario vigente otra norma que específicamente regula la situación concreta de autos.

Me refiero a la contenida en el art. 78 de la ley 8226, que dispone para las hipótesis de juicios ejecutivos sin articulación de excepciones (a contrario: sin tramitación total) la aplicación del sesenta por ciento (60%) de la escala del art. 34.

En definitiva, en la especie el juicio ejecutivo de monto mínimo se ha tramitado sin que el demandado haya opuestos excepciones al progreso de la acción.

Por lo tanto la tramitación del proceso no ha sido íntegra.

Esto provoca la inaplicabilidad del honorario mínimo fijado en el art. 34 de la ley 8226 e impone la subsunción del caso de marras en el art. 78 del mismo cuerpo legal que ordena la aplicación del 60% de la escala de aquél.Resta señalar que la regulación arancelaria propugnada, en los términos del art. 78 de la ley 8226, de ninguna manera importa una violación a los derechos o garantías del letrado.

Es cierto que los honorarios mínimos dispuestos por ley arancelaria procuran dignificar la profesión del abogado asegurando una retribución adecuada a la jerarquía de su ministerio y al tiempo que insume la defensa del cliente, y que por lo tanto no pueden ser ignorados por la magistratura. Así lo ha sostenido este Alto Cuerpo (Conf. TSJ, en pleno, in re: “Montoya Jaramillo Nelson c. Federación Agraria Arg. – Soc. Coop. de Seguros Ltda. – Ejecutivo especial – Rec. de Inconstitucionalidad”, Sent. N° 151 del 29/12/99).

Pero también es real que —como el propio legislador lo ha dejado en claro en el texto del art. 34— el tope mínimo de 10 jus ha sido establecido atendiendo a la labor desempeñada por el letrado en la tramitación total en primera instancia en juicios ejecutivos.

Es decir, la retribución mínima se ha fijado en proporción a las distintas tareas profesionales que debe efectuar el letrado, al tiempo que le insume la defensa de su cliente y a la responsabilidad comprometida en el pleito, cuando el proceso ejecutivo se desarrolla íntegramente.

Luego, resulta coherente y justo que si la labor del abogado en el juicio se redujo prácticamente al escrito de demanda, ello no le da derecho al cien por ciento del honorario mínimo (que fue previsto para el caso de tramitación total del pleito).

Para la determinación del precio del honorario, el Código Arancelario contiene diferentes pautas, cualitativas y cuantitativas a los fines de dar satisfacción a uno de sus postulados teleológicos esenciales: asegurar una retribución digna y equitativa de la actividad cumplida.

En consecuencia, de la armoniosa vinculación entre el honorario mínimo fijado en el art. 34 de la ley 8226 y la reducción prevista por el art. 78 del mismo cuerpo legal, resulta razonable concluir que el primero procura retribuir dignamente el trabajo desplegado en la tramitación íntegra de un juicio ejecutivo y el segundo tiene por objeto remunerar equitativamente el trabajo en función de la extensión abreviada de tiempos y de esfuerzos por la supresión de etapas procesales.VII. Conforme lo expuesto y resultando que la sentencia recurrida se ajusta a la doctrina propugnada, por cuanto regula los honorarios profesionales conforme las pautas del art.78 de la Ley 8226, corresponde rechazar el recurso de casación. Así voto.

2ª cuestión. — El doctor Andruet (h) dijo:

  1. Atento las conclusiones a que arribé al tratar la primera cuestión, propongo que se haga lugar al recurso de casación y se anule la sentencia impugnada, sin costas en esta sede extraordinaria (art.107, ley 8226).
  2. Corresponde resolver sin reenvío el recurso de apelación pendiente (C.P.C., art.390).

La abogada de la actora, por derecho propio, apela la sentencia recaída en primera instancia, limitadamente en relación al monto de sus honorarios, ya que los mismos fueron fijados en un 60% del mínimo legal prescripto por el art.34 o sea seis jus, conforme la regla del art.78 del Código Arancelario.

La cuestión de derecho propuesta en el recurso de apelación ha sido dirimida por la Sala al examinar la casación. En efecto, en esa oportunidad se agotó el tratamiento del tema y en función de los fundamentos expuestos se concluyó que corresponde regular directamente el mínimo previsto por el art.34 de la ley 8226, es decir 10 jus sin reducción de ningún tipo. De allí que, por razones de brevedad, baste con remitirse a las consideraciones desarrolladas en esa oportunidad sin que sea necesario añadir nada más al respecto.

En definitiva y en virtud de las apreciaciones efectuadas, corresponde hacer lugar al recurso de apelación, modificar la sentencia del juez de primer grado y regular los honorarios de la apelante en el mínimo de la escala del art.34 de la ley 8226.

Sin costas de apelación (art.107 Ley 8226). Así voto.-

La doctora Cafure de Batisttelli dijo:

  1. Atento a lo que he venido exponiendo coincido con el Vocal de Primer Voto en el sentido que debe hacerse lugar al recurso de casación planteado por la recurrente y en consecuencia, anular la sentencia impugnada, sin costas en esta sede extraordinaria (art.107, ley 8226).
  2. Igualmente adhiero a la decisión que él propicia de resolver sin reenvío el recurso de apelación pendiente (C.P.C., art.390) y de hacer lugar al recurso de apelación, modificando la sentencia del juez de primer grado y regulando los honorarios de la apelante en el mínimo de la escala del art. 34 de la ley 8226.

Sin costas de apelación (art.107 Ley 8226). Así voto.

El doctor Sesín dijo:

Atento a lo que he venido exponiendo discrepo con el Sr. Vocal de Primer Voto en el sentido que debe hacerse lugar al recurso de casación planteado por la recurrente y en consecuencia, corresponde confirmar la sentencia impugnada, sin costas en esta sede extraordinaria. Así voto.-Por el resultado de los votos emitidos, y por mayoría, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de casación y, en consecuencia, anular el pronunciamiento recurrido en cuanto estableció los honorarios de la Dra. R.G.N. en un 60% del mínimo prescripto por el art. 34 conforme la regla del art. 78 del Código Arancelario. II. Sin costas en esta sede extraordinaria (art. 107, ley 8226). III. Hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, modificar la sentencia impugnada en relación con los honorarios profesionales de la apelante, Dra. R.G.N., estableciendo los mismos en la suma de pesos Doscientos Cuarenta y cinco ($245), dejando firme el fallo en todo lo demás. Sin costas de apelación (art. 107, ley 8226). — Armando S. Andruet (h). — María E. Cafure de Battistelli. — Domingo J. Sesín.

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Informacion Institucional

CONCLUSIONES DESAYUNO DEBATE = HONORARIOS MINIMOS ALCANCE

Con la colaboración de las Dras. Maria Veronica Abramo y Valeria Imberti 

HONORARIOS MINIMOS Ley 910/2014 =

DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OFICIO 

El CAVM,  receptando la inquietud de muchos colegas –inquietud que comparte- encuentra preocupante el tratamiento que recibe el HONORARIO PROFESIONAL por parte de los magistrados, en cuestiones elementales como la DECLARACION DE OFICIO de la INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS MONTOS MINIMOS, asi como la APLICACIÓN DE OFICIO DEL TOPE ART. 730 CCyC (este último punto será de tratamiento ulterior en otro MEMO INSTITUCIONAL).-

Como consecuencia del desayuno debate de viernes 01/03/2018, con la colaboración de los colegas asistentes elaboramos lo que resulta la posición de este CAVM, a la que se pretende dar amplia difusión.-

SUPERAR LAS DIVERSAS INTERPRETACIONES JUDICIALES:  es un anhelo en pos del tributo a la seguridad jurídica. La vigencia plena de  la Ley 910/2014 -que llevó más de 20 años de labor extensa por parte de este Colegio- tambalea ante la inexplicable interpretación de algunos jueces que entienden inconstitucional los mínimos de honorarios establecidos por el art. 7° de la ley citada, dejando de lado que si ese mínimo no estuviera garantizado, los acreedores por montos menores se verían privados de la asistencia profesional necesaria para estar en juicio.-

El legislador, al busca jerarquizar el ejercicio de la abogacía, estableciendo una retribución mínima, justa, digna y equitativa para los pleitos de escasa cuantía.-

Los jueces al declarar la inconstitucionalidad se basan en una supuesta “desproporción injustificada” entre el monto del proceso y los honorarios a regular. Entendemos que el tope mínimo de la Ley 910/2014 en ningún caso puede reducirse, aún en la hipótesis de que el
honorario resulte superior al contenido económico del asunto. Debe superarse la tradicional limitación acordada al honorario por la reducida cuantía del asunto.

El trabajo profesional tiene un valor intrínseco, en función del carácter científico y técnico del nivel universitario; por la estructura básica que requiera su desempeño (estudio jurídico, organización, medio de movilidad, etc); por la responsabilidad que le compete; por el tiempo que le requiere la atención, traslados, etc; por la intelectualización del caso, en función de las normas jurídicas que lo regulan y la decisión que bajo su responsabilidad debe adoptar para su encausamiento en pro de la satisfacción o defensa del interés sometido a su gestión (Boletín del Colegio de Abogados de San Martín, año 2, N° 8, pág. 5 y 6)”.

La desproporción en realidad está en los irrisorios honorarios regulados a los letrados en casos como el señalado, en tanto no guarda relación alguna con el trabajo realizado, los gastos, insumos, asesoramiento, estudio de la causa, todo lo cual se realiza independientemente del monto del proceso.-

Otro fundamento de los jueces al declarar la inconstitucionalidad de los topes son los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pero estos principios se ven totalmente violentados al regular honorarios dejando de lado los mínimos legales, para quienes tales honorarios resultan totalmente desproporcionales e irrazonables, además de constituir su sustento.-

SEÑALAMOS UNA VEZ MAS QUE LOS HONORARIOS SON ALIMENTARIOS PARA LOS COLEGAS QUE EJERCEN LA PROFESION.-

El ordenamiento jurídico arancelario efectúa una ponderación más amplia que la meramente económica. La mirada patrimonial en modo alguno agota la visión profesional. La pretensión de estrechar los mínimos previstos, de ser atendida, importaría afectar a otros interesados en asegurar que la ley sea un eficaz instrumento de la justicia. No resulta posible efectuar una mera apreciación cuantitativa de los valores en juego en un pleito, para con esa pauta proceder a  efectuar la correspondiente regulación de honorarios; aún en aquellos casos en donde la regulación de honorarios no está signada por los mínimos que la ley impone, se prevé la cualificación no cuantitativa de la retribución arancelaria basándose en las pautas cualitativas que la ley ha previsto.

No respetar esos mínimos que en abstracto la ley ha comprendido justos, significa atentar contra la LEGALIDAD en primer lugar, y luego contra la propia dignidad del hacer profesional puesto que, ellos se hacen cargo a priori, de que la retribución profesional no se impone solamente por el quántum del juicio.  El abogado no defiende una causa exclusivamente por el quántum de ella, sino que está en juego su propia dinámica de lo justo.

Finalmente, los honorarios mínimos establecidos por el art. 7° L.H., por ser el menor valor y cubrir ajustadamente la retribución justa del letrado, no pueden verse afectados por el TOPE – además inconstitucional- establecido en el  C.C. y C.. Caso contrario dejarían de ser MINIMOS y no cumplirían el fin para la que fueron creados

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

JURAMENTO MES DE FEBRERO AÑO 2018

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

EL DIRECTORIO CONVOCA A PARTICIPAR DE UN DESAYUNO DEBATE el día viernes 02/03 a las 8,30 hs. en el bufette del Colegio de Abogados

TEMA: TOPE EN EL PAGO DE LAS COSTAS. ART. 730 CCyC (anterior 505 C.C.), jurisprudencia, doctrina; aplicación de oficio procedencia o improcedencia.-

CONFORME EL INTERES PUESTO DE MANIFIESTO, SE ANALIZA DAR CONTINUIDAD A ESTOS DESAYUNOS DE TRABAJO CON DIVERSA TEMATICA, LOS AGUARDAMOS

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE INFORMATICA JUDICIAL, DR. FLORES DUTRUS, COMUNICA QUE LA CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA JUDICIAL SE HARA DE MANERA PERSONALIZADA, EN LA SALA DE CAPACITACION QUE DISPONE EL PODER JUDICIAL EN CADA CIRCUNSCRIPCION, PREVIENDO QUE EN ESE ESPACIO CADA PROFESIONAL INTERESADO CUENTE CON UNA PC DISPONIBLE PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION DE MANERA PRACTICA. DADA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA SE DISPONDRAN TURNOS DE 1 HORA DE DURACION CADA UNO, PARA ESTIMATIVAMENTE 20 PROFESIONALES POR TURNO, FIJANDO UN TOTAL DE ENTRE 5 Y 6 TURNOS DE CAPACITACION POR DIA. PARA RESERVAR EL HORARIO Y DIA MAS CONVENIENTE CADA PROFESIONAL DEBERA INSCRIBIRSE –SEGÚN LO ESPECIFIQUE LA SECRETARIA DE INFORMATICA OPORTUNAMENTE- EN EL MODULO QUE LE RESULTE MAS ADECUADO.-

EN ESE MISMO MOMENTO LOS INTERESADOS PODRAN SOLICITA ASISTENCIA TECNICA DEL PERSONAL DE SECRETARIA INFORMATIVA CON LA INSTALACION DEL SISTEMA EN SUS NOTEBOOKS, ADEMAS DE EVACUAR LAS CONSULTAS QUE FUEREN NECESARIAS

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

El Colegio de Abogados de Villa Mercedes, advierte con severa preocupación la cuestión suscitada con el Sr. Agente Fiscal Dr. Maximiliano Bazla Cassina, titular de la Fiscalía Numero de 1 de la Segunda Circunscripción Judicial. El Sr. Fiscal antes mencionado, cuya honestidad, capacidad de trabajo y dedicación se encuentra largamente probada, ha sido sancionado e ilegalmente apartado de una causa judicial, con fundamentos carentes de contenido jurídico y de realidad fáctica.

Mediante Resolución N° 49 de fecha 22 de febrero de 2018, el Sr. Procurador General de la Provincia, resolvió sancionar al Agente Fiscal N° 1,  imponiéndole una multa equivalente al 10% de su remuneración mensual y “RELEVANDOLO” de su intervención en la causa “RODRIGUEZ, LUIS DAMIAN – SU DENUNCIA”, encomendando a la Dra. Daniela Torres el ejercicio de la acción penal en la referida causa.-

Se advierte de la Resolucion, una actitud de persecución personal por parte del Procurador General de la Provincia, respecto del Dr. Bazla Cassina, que no se compadece con el normal funcionamiento del Ministerio Publico y que afecta el funcionamiento de la justicia toda.-

La intromisión que el propio Procurador manifiesta en una causa específica y concreta, viola el principio de independencia y autonomía funcional de la que goza el Agente Fiscal sancionado, y la sanción dispuesta se erige en una atribución arbitraria sin basamento legal ni reglamentario que lo respalde. Todas las apreciaciones, manifestaciones y conclusiones a las que arriba el Sr. Procurador en la Resolución que sanciona al Sr. Fiscal, carecen de fundamento real y solo exhiben un intento de disciplinar de manera ostensible a los miembros del Ministerio Publico, lo que deviene abiertamente inconstitucional, afectando –REITERAMOS- gravemente la autonomía funcional del Agente Fiscal sancionado.

Considerando la sanción impuesta –APARTAMIENTO DEL FISCAL-, debemos señalar que el Sr. Procurador no tiene facultad legal para apartar a ningún Fiscal del cuerpo de fiscales que él preside. Esa atribución, no le ha sido asignada por ninguna ley y la autonomía funcional de la que gozan los Fiscales de instancia y los Fiscales de Cámara, se ve seriamente afectada con esta decisión del Procurador que muestra una deliberada maniobra persecutoria.-

La injerencia del Sr. Procurador en una causa, en la que carece de competencia, violenta gravemente el sistema Republicano de gobierno instaurado por nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, nuestra Constitución Provincial y las demás leyes que rigen el ejercicio profesional del Ministerio Publico.

El Colegio de abogados, no obstante el criterio aquí sentado, pondrá en conocimiento de la FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS –FACA- el grave ataque del que es objeto el Fiscal apartado, recordando que el Dr. Bazla Cassina fue elegido a través de los mecanismos constitucionales y legales previstos al efecto, por lo que su actuación y desempeño se encuentra reglado por ley y no por el temperamento del Sr. Procurador, que jamás puede estar por encima, ni al margen de la ley.-

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

JORNADA DEBATE SOBRE ORALIDAD

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Tercera Circunscripción Judicial invita a participar de la “JORNADA DEBATE SOBRE ORALIDAD” el día 01 de marzo del corriente año a partir de las 18:30 hs en la sala de conferencias del Juzgado Multifuero. La misma es GRATUITA y se entregará certificado de asistencia a quienes se inscriban hasta el día 28/02 a las 12 hs.
Inscripción:
• abogadosconcaran@hotmail.com
• 02656-481445
• Belgrano s/n, Concarán, San Luis

Disertantes:
Dra. Ana Clara Manassero:
• Abogada, en ejercicio libre de la profesión en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
• Candidata a Doctora por Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
• Capacitadora en materia de Procesos de Reforma del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
• Docente Adjunta, por concurso, de la cátedra de Derecho Procesal I de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
• Secretaria Académica y Coordinadora de la Maestría de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desde 2002 hasta el presente.
• Docente De Grado y postgrado en varias Universidades de Argentina: Rosario, Córdoba, Universidad Nacional del Centro, Facultad Católica Santiago del Estero y de Santa Fe, entre otras.
• Docente Invitada de Postgrado en distintas Universidades de Chile, Perú, Paraguay, México y España.
• Docente y evaluadora del Centro de Capacitación Judicial de la provincia de Santa Fe.
• Conferencista, disertante y ponente
en diversos congresos nacionales e internacionales.
• Ha sido Asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe en materia de reforma, desde 2012 al 2015.
• Ha realizado diversos trabajos de investigación y numerosas publicaciones en revistas especializadas de Latinoamérica, algunas de ellas galardonadas.

Dr. Sebastián G. Soneira:
-(U.N.Córdoba.) en ejercicio libre de la profesión desde el 2000 al presente.
-Director de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza.
-Maestrando en Derecho Procesal (U.N.Rosario)
-Especializando en Derecho de Daños (U.N.Litoral – U.N.Cuyo)
– Miembro titular de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza (en representación de la Primera Circunscripción Judicial)
– Miembro de la Comisión Redactora del Código Procesal Civil Comercial y Tributario de Mendoza – Ley N° 9001, en representación de dicha Federación
– Ex Profesor Universitario y docente invitado a cursos de post grado de diversas universidades y centros de capacitación.

Dra. María Claudia Uccello De Melino:
• Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Concarán.
• Miembro de e-justicia Latinoamérica.
• Miembro de la comisión de seguimiento de la oralidad en la pcia. de San Luis.

Temas:

De la escritura a la oralidad: un salto cualitativo.
Dra. Ana Clara Manassero

Reformas procesales y cuestiones relativas al ejercicio profesional.
Dr. Sebastián G. Soneira

La implementación del plan de la oralidad en San Luis.
Dra María Claudia Uccello de Merlino

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

ESTIMADOS COLEGAS

El día 19/02 recibimos la visita del Dr. Carlos Cobo (miembro del STJ), en la sede de nuestro Colegio. La reunión concertada con agenda abierta se desarrolló por aproximadamente una hora, y se trataron los siguientes temas, de interés de los colegas:

1)      PREOCUPACION POR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA IURIX, con fecha de entrada en vigencia en modalidad único sistema de uso judicial a partir del próximo 1/03, registrándose múltiples inconvenientes para el acceso eficaz y eficiente al sistema; lo que deriva en la falta de funcionalidad necesaria para trabajar adecuadamente en el marco de las garantías que deben verificarse con el fin de asegurar el ejercicio del Derecho de Defensa. En ese sentido el Dr. Cobo ratificó su disposición de receptar los reclamos para el adecuado funcionamiento de manera tempestiva; tomando a su vez las medidas conducentes.-

2)      GESTION DE LOS MAGISTRADOS EN RELACION A LA LEY 910/2014, los “criterios” de aplicación de la ley de regulación de honorarios son materia de reclamos sonoros y sostenidos por parte de los colegas, en esta materia que es sumamente sensible por ser el sostén de la profesión ejercida libremente. De un modo sistemático se desconoce el verdadero alcance de la legislación vigente, aplicando la ley de manera que agravia los intereses de nuestros colegiados, siempre en desmedro del reconocimiento del trabajo de los colegas; en muchas ocasiones en directa oposición con la doctrina sentada por las cámaras de apelación locales lo que deriva a su vez en una notable dilación de las causas. Este Directorio hizo llegar al Dr. Cobo este reclamo de los colegas, con detalle de las irregularidades que se verifican.-

En ese sentido; además de sostener TODOS LOS RECURSOS que sea menester por los profesionales (única manera de garantizar que las resoluciones agraviantes sean debidamente revisadas).-

3)      MEDIACION se acordó el trabajo en conjunto con el Centro de Mediación el STJ y este Directorio, a fin de conocer tratar los reclamos más frecuentes de los colegiados, y optimizar el funcionamiento de esta herramienta de solución de conflictos.-

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario