DISCURSO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

ESTIMADOS COLEGAS, PUBLICAMOS EL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, EN OCASIÓN DE INAUGURAR EL AÑO JUDICIAL 2013.- DESTACAMOS EL COMPROMISO QUE DICHO TRIBUNAL HA ASUMIDO FRENTE A LA MORA QUE EXHIBEN ALGUNOS JUZGADOS.-

Así lo manifestó el Presidente del Superior Tribunal de Justicia en el Acto de Apertura del Año Judicial 2013
En su discurso de Apertura del Año Judicial 2013, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Horacio Guillermo Zavala Rodriguez, exhortó a todos los integrantes del Poder Judicial a cumplir con vocación de servicio y esfuerzo, las obligaciones encomendadas que garanticen un efectivo cumplimiento de la tutela judicial, teniendo como propósito a los justiciables “quienes son los primeros y principales perjudicados de la desidia, de la negligencia y de la mora judicial”, sostuvo. Asimismo, recordó la vigencia de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, donde se exige la entrega total a todos los jueces, funcionarios y por ende a todos los empleados en cumplir sus tareas: “No son admisibles atrasos increíbles en el despacho diario o en la gestión cotidiana de los Juzgados… No olvidemos que el empleado judicial y con mayor razón los funcionarios y magistrados, están obligados a prestar sus servicios las veinticuatro horas del día, poniendo todo su empeño, toda su capacidad, para que la Justicia llegue bien y pronto a los administrados… El horario matutino de 7 a 13 hs., es el que rige para la atención del público, pero no es una prebenda para el personal judicial. Éste tiene la obligación de finalizar sus tareas diarias en el curso del día, sea a la mañana o a la tarde, no pudiendo dilatarse los trámites y la administración de justicia para el tiempo de las calendas griegas.”
Además, durante su alocución, el Dr. Zavala Rodriguez también abordó temáticas relacionadas a los nuevos edificios que posee el Poder Judicial de San Luis, al sistema informático y a la necesidad de ampliar la estructura judicial con la creación de nuevos juzgados, entre otros.
A continuación, se publica el contenido completo del discurso:

“A fines del año 2012 –más precisamente el día 27 de diciembre-, el Poder Judicial de San Luis recibió del Poder Ejecutivo, este magnífico edificio al que denominamos ‘Dr. José Ramiro Podetti’, eminente jurista de Mercedes.
En la ocasión, el edificio fue bendecido, como Uds. recordarán, por Monseñor Eduardo Francisco Miranda, quien ha fallecido días atrás.
Monseñor Miranda ha sido guía espiritual de Villa Mercedes y su zona de influencia no solo de la grey católica, sino también de todos sus habitantes cualquiera fuese su credo.
Esa dolorosa pérdida no puede ser ignorada y en representación del Superior Tribunal de Justicia y como sentido homenaje, pido a Uds. que hagamos un minuto de silencio… Gracias.
Estrenando este edificio, el Superior Tribunal ha querido realizar en él este acto de Apertura del Año Judicial.
Práctica que se realiza por primera vez en la historia judicial de San Luis, eligiéndose esta nueva sede para llevarlo a cabo, como reconocimiento y agradecimiento a todo el foro mercedino.
Con esa misma intención pero con el objetivo específico de honrar a las mujeres que se han desempeñado en la Justicia de Mercedes, el Tribunal impuso al Auditorio de este Edificio el nombre de la Dra. Elizabeth Ana Grimaldi de Pérez Mercau, quien fuera la primera mujer fallecida que se desempeñara como Jueza de este foro. En la semblanza ya realizada se recordó que se desempeñó como Juez del Crimen N° 2 entre los años 1984 y 1988.
Y este reconocimiento a las mujeres en la persona de la Dra. Grimaldi de Pérez Mercau, como teniendo presente la reciente celebración del “Día Internacional de la Mujer”, lo hacemos extensivo a todas las que han ejercido la función judicial en estos tribunales, como a las que hoy se desempeñan en los mismos. Reconocimiento y agradecimiento que hacemos llegar también a las letradas y procuradoras que han abogado y aun lo hacen con vocación de servicio, defendiendo los derechos de los justiciables con capacidad y tesón.
Días atrás se realizó en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación la apertura del Año Judicial y siguiendo ese ejemplo hoy realizamos este acto en Mercedes, para recordar, rescatar y destacar que nuestro Poder Judicial –aún cuando mucho más pequeño que el Nacional o el de otras Provincias- tiene también la honrosa misión que le impusieran los constituyentes de resguardar y defender a ultranza la supremacía constitucional.
Los Magistrados de San Luis no debemos vacilar al cumplir la zalagarda misión que se nos ha encomendado de impartir justicia y de aplicar sin hesitación en primer lugar las normas constitucionales nacionales, como la de los tratados internacionales constitucionalizados y como lógica consecuencia las que prevé nuestra Constitución Provincial.
El régimen de derechos y garantías que se implantara luego de años de discrepancias y luchas fratricidas, allá en 1853 y que se ha ido perfeccionando a lo largo de los tantos años transcurridos desde entonces, tiene plena vigencia, como también lo tiene la estructura del Estado –sea nacional o provincial- integrado por los tres Poderes, tradicionalmente conocidos y que en conjunto forman el Gobierno de cada jurisdicción.
Pero es el Poder Judicial –el más débil en cuanto a estructura y recursos-, el único que tiene la facultad de invalidar una norma legal, un decreto, una ordenanza u actos administrativos, que se consideren írritos a los derechos y garantías impuestos por la Constitución.
Y recordemos que en San Luis, nuestra Carta Magna fue de avanzada y pionera en la defensa del orden y de las normas constitucionales.
Ello en tanto impuso a sus magistrados la OBLIGACIÓN de analizar de oficio la constitucionalidad de las normas que deben aplicar, es decir sin petición de parte y aún en contra de la opinión jurídica de las mismas.
Primero está la Constitución y sus normas, que son operativas por sí mismas sin necesidad de reglamentación alguna que muchas veces tienden a desvirtuar las garantías constitucionales.
Y si recordamos sucintamente esos derechos y garantías constitucionales, debemos llegar a la conclusión incontrastable que los mismos son consustanciales a la naturaleza humana. Son los derechos humanos que hoy tantas veces se declaman y muchas más se los desconocen.
Y para su restablecimiento y ese reconocimiento, las constituciones han consagrado al Poder Judicial como baluarte último de los mismos.
Y ese restablecimiento y ese reconocimiento, se efectiviza –a través del irrestricto derecho de defensa- que, considero, es el principal derecho humano, luego del de la vida.
Traigo a colación las enseñanzas del Antiguo Testamento que desde entonces –miles de años atrás- nos instruye de que Dios luego de crear el mundo en seis días (descansando el séptimo), después en el Jardín del Edén tomó arcilla y modeló al hombre insuflándole la vida con el aliento Divino. Luego estando dormido el hombre tomó una de sus costillas y formó a la mujer. Ellos fueron Adán y Eva.
Y viviendo en el Paraíso, Eva fue tentada por la serpiente y tanto ella como Adán comieron el fruto prohibido por Dios, tomando allí conciencia de su desnudez originada por la falta o el pecado cometido.
Fue entonces que Dios, que les había dado primero la vida, le da – NOS DA ALLÍ A TODA LA HUMANIDAD- el sagrado derecho de defensa cuando los interroga sobre aquella infracción.
Primero a Adán: ¿Es que han comido del árbol de que te prohibí comer? Respondiéndole éste que la mujer le había dado el fruto prohibido y había comido.
Dios entonces pregunta a Eva; ¿Por qué han hecho eso? (Génesis: 2-3).
Es decir, Sras. y Sres., que allí Dios da a los hombre el sagrado derecho de defensa, derecho natural insito a la naturaleza humana que no puede ninguna autoridad soslayar o desconocer, teniendo los Jueces el sagrado deber de respetarlo y hacerlo efectivo, rápida y equitativamente.
Y aquí, en el derecho de defensa, son los abogados –a quienes la ley equipara a los magistrados-, los que deben trabajar y luchar denodadamente, litigando con lealtad, probidad y buena fe, para el restablecimiento de los derechos conculcados y/o amenazados.
Pero, repito, somos los jueces los que en primer lugar debemos resguardarlo.
En todos los países, en todas las latitudes, en todos los tiempos, ha existido la Justicia como parte del poder los Estados, hayan sido más o menos civilizados.
Nosotros –los magistrados, funcionarios y empleados judiciales-, por tanto, que habitamos en un Estado representativo, republicano y federal, debemos salvaguardar ese primigenio derecho natural, ese derecho básico del cual derivan todos los otros que nuestras Constituciones reconocen.
Y no puedo dejar también de recordar lo que expusiera mi padre – el Dr. Carlos Juan Zavala Rodríguez- en una conferencia que diera el 4 de mayo de 1945 en un Homenaje a la Constitución Nacional que se realizara en el Centro Puntano de la ciudad de Buenos Aires.
Recordó primero el manifiesto que la Asamblea Constituyente de 1853 dirigió al pueblo presentándole la Constitución que expresaba.
Decía la Asamblea: “Los pueblos se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos”.
Y el Dr. Zavala Rodríguez expresó entonces:
‘Con fecha 22 de junio de 1853 el gobernador Mauricio Daract se dirigía a Urquiza expresándole: El gobierno de San Luis no vacilará en acudir a la consolidación de la grandiosa obra de la Constitución Nacional y todos sus desvelos se contraerán al fiel cumplimiento de los deberes que ella impone.
El 27 de junio de 1853 se dictó un decreto ordenando que el 9 de julio, ante los jueces de paz, todos los ciudadanos ‘hábiles para votar’, deberán, previa lectura de la Constitución Nacional, prestar el sagrado juramento de respetarla, obedecerla y defenderla. ¡RESPETARLA! ¡OBEDECERLA! ¡DEFENDERLA!’ (Publ. Del Centro Puntano de Buenos Aires, 1945, pág. 25).
Cumplimentando aquellas mandas centenarias, tenemos pues nosotros, los miembros del Poder Judicial, la obligación de respetar, obedecer y defender las normas constitucionales y especialmente los derechos y garantías que ellas consagran, para que sea una realidad la tutela judicial efectiva que hoy nos exige la sociedad.
Teniendo presente esa base liminar, reflexionemos brevemente sobre este nuevo edificio en que hoy nos encontramos.
Edificio judicial que el pueblo todo de Mercedes reclamaba y merecía, al igual que la instalación de la Universidad Nacional.
Todos conocemos los avatares que debieron sortearse para que el mismo sea una realidad, que enorgullece no solo a los mercedinos, sino a todos los habitantes de la provincia.
Traerá a esta zona de la ciudad, progreso y transformación y deberá ser un templo de justicia y equidad, en el que se defienda el Estado de Derecho y se garanticen los derechos y la libertad de los argentinos, de todos los habitantes sin distinción de credos, razas u orígenes.
Estamos seguros que los Sres. Magistrados, Funcionarios y empleados que aquí laboran, honrarán sus tradiciones y ayudarán a construir un futuro promisorio.
El año pasado el Superior Tribunal comenzó su traslado a la ex Casa de Gobierno –hoy denominada Palacio de Justicia-, tarea que está, recién ahora, en vías de finalizarse.
Igual, hoy este magnífico edificio “Dr. José Ramiro Podetti”, alberga a todos los tribunales y dependencias judiciales con asiento en Mercedes.
En San Luis, nos ha llevado prácticamente un año acondicionar el Palacio de Justicia.
Aquí en Mercedes llevamos apenas dos meses y pocos días, pero ya se encuentran instaladas casi todas las dependencias en instalaciones modernas y funcionales.
Por supuesto que hay todavía mucho por hacer, para poner apunto el funcionamiento correcto e integral de las instalaciones. Pero tengamos paciencia.
Sistema informático –preocupación esencial- servicio telefónico, acondicionamiento de los ambientes, reparaciones estructurales y tantos otros detalles que nos desvelan y sobre los que el Superior Tribunal trabaja permanentemente, dentro de sus posibilidades presupuestarias y de gestión.
Así, por ejemplo, el Superior Tribunal está gestionando la pronta instalación de una oficina dependiente de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y de una delegación del Banco Supervielle, para que los letrados y justiciables puedan cumplimentar sus obligaciones fiscales, con inmediatez y comodidad.
También se instalará a la brevedad un buffet, estando en preparación el respectivo concurso de ofertas.
Somos consientes de la necesidad de ampliar la estructura judicial y continuaremos bregando tras la creación de nuevos juzgados, como de la modernización de la legislación procesal y hemos dispuesto contratar personal administrativo para reforzar las plantillas.
Todo esto es una tarea ímproba, pero con la ayuda de todos los actores judiciales, podremos sembrar las semillas para que, paulatinamente, den sus frutos.
Y aquí debo volver a lo que expusiera anteriormente respecto al cumplimiento de las normas constitucionales y teniéndolas presentes, reflexionar sobre circunstancias que no pueden silenciarse y que preocupan, de sobremanera, al Superior Tribunal de Justicia.
Ya el preámbulo de la Constitución Nacional impone el objetivo de “afianzar la justicia” y el Art. 5 de la misma que autoriza a las provincias a dictar sus propias constituciones, impone –para garantizarles el goce y ejercicio de sus instituciones- que ‘se asegure su administración de justicia’.
Objetivo y aspiración de San Luis que, también en su preámbulo constitucional, obliga a garantizar la justicia y los demás derechos humanos.
¡Y qué decir de todo su articulado, pionero en el concierto nacional, que reconoce en su capítulo I, y luego en toda su otra estructura, todos los principios y valores que hacen a un régimen republicano y a nuestro patrimonio cultural!
Entonces debo decir que no existe real administración de justicia si los responsables de garantizar una tutela judicial efectiva, no cumplimos con vocación de servicio, con dedicación, con esfuerzo, nuestras obligaciones cotidianas.
A más de los letrados –que son nuestros pares e indispensables auxiliares-, debemos pensar en los justiciables, quienes son los primeros y principales perjudicados de la desidia, de la negligencia, de la mora judicial.
Nuestra ley orgánica es sin duda perfectible, pero contiene normas que no podemos ignorar, que no podemos soslayar, ni tampoco permitir que sean incumplidas alegremente.
El pueblo nos ha conferido un mandato de tremenda responsabilidad, que implica un ministerio cuasi sacerdotal, por la entrega total que se exige a todos los jueces, funcionarios y por ende a todos los empleados.
No podemos defraudar la confianza pública con demoras inexcusables pues bien lo sabemos: una justicia lerda o morosa no es justicia.
Las controversias que se traen a los estrados judiciales requieren inmediata atención y rápida definición.
No son admisibles atrasos increíbles en el despacho diario o en la gestión cotidiana de los Juzgados.
No olvidemos que el empleado judicial y con mayor razón los funcionarios y magistrados, están obligados a prestar sus servicios las veinticuatro horas del día, poniendo todo su empeño, toda su capacidad, para que la Justicia llegue bien y pronto a los administrados.
El horario matutino de 7 a 13 hs., es el que rige para la atención del público, pero no es una prebenda para el personal judicial. Este tiene la obligación de finalizar sus tareas diarias en el curso del día, sea a la mañana o a la tarde, no pudiendo dilatarse los trámites y la administración de justicia para el tiempo de las calendas griegas.
Cabe destacar, asimismo, que la ley orgánica pone a cargo de las Cámaras de Apelaciones, obligaciones insoslayables sobre el control de gestión y superintendencia de los Juzgados de su fuero.
Es necesario que ello se efectivice, para consolidar la administración judicial.
Mercedes ha tenido y tiene juristas de nota, jueces, funcionarios judiciales y abogados, cuya capacidad y ejemplar desempeño han trascendido en toda la República y aún en el exterior; al igual que ha merecido importantes galardones en los ámbitos universitario, científico, académico, cultural, etc.
Hagamos pues honor a esa tradición y garanticemos, entre todos, una correcta y oportuna administración de justicia.
Nos lo exige la sociedad y nos lo imponen las normas constitucionales que hemos jurado cumplimentar.
Y entonces exhorto: ¡HAGAMOS REALIDAD LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA!
Rogando la protección de Dios, el Superior Tribunal de Justicia asume el compromiso en plenitud y por mi intermedio declara la apertura del año judicial 2013. Muchas gracias.”

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