Informe – Congreso de Derecho Civil – San Juan – Junio 2011

INFORME DE LAS JORNADAS DE DERECHO CIVIL EN SAN JUAN- SEDE FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN- 13 y 14 DE JUNIO DE 2012.-
“PROYECTO DE UNIFICACIÓN CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL-
DECRETO 191/11”
por Dra. Adela A. Russo y Dra. Julia L. Barrozo.-

DR. LUIS MOISSET DE ESPANÉS- “El derecho de retención y algunos códigos modernos”
La jornada inaugural estuvo a cargo del jurista cordobés, Dr. Luis Moisset de Espanés, quien desarrolló el instituto de la Prescripción en el Proyecto de Unificación de Código Civil y Comercial.-
ART. 2537- MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS POR LEY POSTERIOR: “Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Pero si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia”.-
A partir de éste nuevo artículo, estableció una distinción. La primer parte refiere a la Retroactividad como regla, es decir, frente a una prescripción en curso, la aparición de una nueva ley no impide que se siga aplicando la ley anterior (corre para atrás). Ahora bien, en la segunda parte, se establece la excepción de efecto inmediato, ya que siempre que la nueva ley contenga plazos menores a la anterior corresponderá su aplicación. Vale decir que la aplicación inmediata de la nueva ley se dará en el caso de contener la ley anterior plazos mayores a la nueva.-
Moisset de Espanés hizo hincapié en los graves defectos de técnica legislativa del nuevo proyecto. Tal es la ausencia de notas, como bien las contiene el Código de Vélez, lo que permite enunciarlo como una “código mudo”.-
Ahora bien ¿qué sucede con el derecho de retención? ¿Interrumpe el plazo de prescripción? El proyecto de Código no establece nada al respecto, considera que es una grave omisión, con lo cual los interrogantes que surjan serán librados al azar.-

DR. ALEJANDRO BORDA- “Reflexiones sobre la parte general de los contratos”.-
Considera que en el Proyecto de Unificación está por primera vez construida y sistematizada la parte general de los contratos (Título II, arts. 957 a 1091), y los contratos en particular (Título IV, arts. 1123 a 1707) en el Libro Tercero.-
El 957 contiene una definición amplia de contrato, haciendo hincapié en su naturaleza distintiva de acto jurídico como en su aspecto patrimonial. Dispone: “Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”.-
A su vez el artículo 958 establece el principio de libertad de contratación: “Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”. Borda considera que se ha omitido señalar que tampoco puede afectarse derechos de terceros, y que deben celebrarse conforme al principio de buena fe y equidad, ambos reconocidos por la doctrina.-
El principio de fuerza obligatoria de los contratos se mantiene, como en el Código vigente, en el artículo 959: “Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé”.-
En el artículo 960 se otorga a los jueces la facultad de morigerar aspectos de los contratos si los mismos son perjudiciales: “Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público”.-
En cuanto Principio de Buena Fe, el artículo 961 comienza tal como lo hizo Vélez Sarsfield en el vigente artículo 1198, estableciendo que “…los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe…”, pero omite dentro de la primera parte del artículo mencionado, una “regla de oro” a criterio del Dr. Borda, la cual es “…y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión…”. El artículo del proyecto, establece en una segunda parte que, “…obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor”, es decir, introduce como nuevo las consecuencias que puedan considerarse comprendidas, sin ningún tipo de aclaración, y finalmente intenta incorporar lo regulado por Vélez, pero alterando el orden de las palabras, lo cual a su criterio, resulta innecesario.-
El articulo 963 introduce una prelación normativa, que a criterio de Borda es un error de técnica legislativa el contenido en su inciso a), ya que dispone “Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de éste Código…”. Entiende que se debió aclarar cuál es la primera norma que se debe aplicar, si la ley especial o las del código, afirmando que debió decir, que primero corresponde aplicar la ley especial, y después las contenidas en el código.-
En cuanto a la clasificación de los contratos (art. 966 a 970), desaparece la distinción antigua entre consensuales y reales, regulándose todos como contratos consensuales. El artículo 966 establece los contratos unilaterales y bilaterales sin introducir modificaciones, salvo los contratos plurilaterales, a los cuales se les aplican supletoriamente las normas de los contratos bilaterales.-
Análisis especial requiere el artículo 969 de los contratos formales, en su segunda parte: “…Cuando la forma requerida para los contratos, lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad…”, es decir que se repite lo dispuesto por el articulo 1185 del código de Vélez, en cuanto al boleto de compraventa, configurándose un constante desacierto seguir negándole el carácter de contrato que el mismo por la práctica y los usos y costumbres ha adquirido.-
El último párrafo del mencionado artículo parece olvidarse de la distinción de formas probatorias (aquellas que facilitan la prueba pero no las únicas-ej: locación inmueble) y las formas ad probationen (aquellas que de no ser cumplidas no pueden ser probadas por otro medio- ej: prueba por escrito de la fianza); por el contrario dispone: “…Cuando la ley o las partes no impongan una forma determinada, ésta debe constituir sólo un medio de prueba para la celebración del contrato”.-
En cuanto a la formación del consentimiento, se consagra la Teoría de la Recepción en el artículo 971: “Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo”.-
Es acertado, a criterio de Borda, lo regulado en el artículo 972 en cuanto considera la oferta como una manifestación dirigida tanto a persona determinada como determinable (indeterminada), teniendo en cuenta la importancia que tienen desde hace unos años, los contratos de consumo, también regulados en el proyecto a partir del artículo 1092.-
El artículo 974 establece un plazo implícito para la fuerza obligatoria de la oferta: “La oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso…”.-
Se regula el contrato plurilateral (art. 977), es decir aquel celebrado por varias partes, en el cual es necesario el consentimiento de todos los interesados para que se configure el contrato, sea que la oferta emana de distintas personas o es dirigida a varios destinatarios.-
El articulo 982 recepta una teoría germánica que, por un lado no responde a nuestra tradición jurídica, y por el otro, resulta peligrosa, ya que se deja librado a criterio del juez, acuerdos entre particulares, donde se compromete el patrimonio de las personas. Hablamos de los acuerdos parciales de las partes, que concluyen el contrato si expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. De manera, que es el juez quien interpreta que elementos son esenciales.-
A partir del artículo 987 se incorporan los contratos por adhesión, a criterio del Dr. Borda de manera correcta. Se definen, se enumeran requisitos de las cláusulas generales, cláusulas particulares, y cláusulas abusivas y su control judicial (art. 989: “Las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas. Cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial”).
Otra incorporación válida es la relativa a las tratativas contractuales (arts. 990 a 993), es decir a la libertad de negociación de las partes para formar un contrato; el deber de buena fe de las partes, para no frustrarlas injustificadamente; el deber de confidencialidad, de no tener que revelar la información que se recibe ni usarla inapropiadamente en su propio interés. En ambos casos, su incumplimiento genera la obligación de reparar el daño sufrido por la otra parte.-
Los contratos preliminares son otro acierto (994 a 996). Deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo; tienen un plazo de vigencia de un año, o el menor que convengan las partes.-
En materia de capacidad no se innova (art.1000): se declara inválido el contrato celebrado por personas incapaces o de capacidad restringida; inhabilidades para contratar e inhabilidades especiales (arts. 1001 y 1002 respectivamente).-
El articulo 1003 recepta válidamente lo correspondiente al objeto de los contratos (lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aún cuando este no sea patrimonial); y el 1004 recepta los objetos prohibidos, considerando fundamental el resguardo a la dignidad humana: “No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad humana o lesivos de los derechos ajenos; ni de los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean…”. En cuando a los objetos determinados por un tercero (art. 1006), también es acertado: “Las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres, puede recurrirse a la determinación judicial, petición que debe tramitar por el procedimiento más breve que prevea la legislación procesal”. El artículo 1010 también recepta como prohibición que “…la herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre los objetos particulares, excepto disposición legal en contrario”.-
Acertado también, son los contratos de larga duración (tratados en las XXIX Jornadas de Derecho Civil de Rosario) incorporados en el artículo 1011, en los cuales se exige a las partes “…ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones….la parte que decida la rescisión debe dar a la otra una oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos…”.-
En cuanto a la causa de los contratos (arts. 1012, 1013 y 1014) se mantiene como en el código vigente, como elemento moralizador de los mismos: la necesidad de que exista y la invalidez del contrato en los casos en que la misma es ilícita. Lo mismo sucede con la forma de los contratos (arts. 1015, 1016, 1017, 1018), receptándose el principio de libertad de formas, siendo formales sólo aquellos a los cuales la ley les imponga una forma determinada. En cuando a los contratos que deben ser otorgados en escritura pública, el artículo 1017, en el afán de reducir el actual 1184, cae en graves errores de técnica legislativa que generan grandes confusiones, sobre todo el inciso d) del mencionado artículo: “….los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública…”. Finalmente, en cuanto a la prueba de los contratos (art.1019), los mismos “…pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales….”; ahora bien, el artículo 1020 recepta la prueba de los contratos formales, y dispone: “Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de ejecución. Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de la parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato”. A criterio de Borda, debió haber referido a testigos y comienzo de ejecución (prueba por escrito), no uno u otro, sino los dos necesariamente juntos para que aquellos contratos formales puedan ser probados por otros medios.-
El efecto relativo de los contratos se regula en el artículo 1021, estableciéndose como regla general: “El contrato sólo tiene efectos entre las partes contratantes, no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley”, debió incluirse, que no sólo no tiene efectos respecto de terceros, sino que es inoponible a terceros. El artículo 1024 regula que los efectos del contrato de extienden a los sucesores universales, pero no a los sucesores particulares, situación que sí estaba prevista en el Proyecto de 1998.-
Luego de una breve síntesis de las modificaciones relativas a los contratos en general en el Proyecto de Reforma, el Dr. Alejandro Borda llegó a la conclusión de que el proyecto ha incorporado cosas buenas y cosas males, pero que actualmente hay oportunidades de corregirlo para lograr algo mejor. No pone en juego las cuestiones patrimoniales receptadas en el proyecto, pero discrepa absolutamente respecto de las cuestiones de familia y persona humana (estatuto del embrión y dignidad humana). Considera que la ley cumple una función docente y que marca la forma de construir una sociedad de la mejor manera posible, sin distorsionar ni alterar principios y valores tan esenciales como los que nutren la familia y el concepto de persona humana.-

DR. ERNESTO CLEMENTE WAYAR- “Boleto de Compraventa Inmobiliaria en el Proyecto de Reforma”.-
El Dr. Wayar comenzó su exposición, planteando los diferentes criterios para interpretar al boleto de compraventa: si se trata de un contrato definitivo o preliminar. Si es título, ¿qué alcance debe dársele? ¿Cuál es la oponibilidad de los derechos que surgen de él? ¿Quién tiene preferencia, el titular del boleto o el acreedor que logró inscribir en el registro un embargo o una hipoteca?
Menciona que la doctrina sigue afirmando el carácter preliminar del boleto, ya que el contrato de compraventa sólo puede celebrarse en escritura pública, y que la jurisprudencia (Cámara Civil de Tucumán, entre otros) menosprecia la publicidad posesoria y da lugar preferido a la publicidad registral.-
Tres cuestiones a determinar: la exigibilidad de las obligaciones nacidas del boleto; la publicidad posesoria o registral, y la oponibilidad.-
El boleto de compraventa en el Proyecto de Código está regulado en la Sección 8 del Capítulo I (Compraventa), Título IV- Contratos en particular.-
Artículo 1170: “El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si: a) el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos; b) el comprador pagó el veinticinco por ciento (25%) del precio con anterioridad a la traba de la cautelar; c) el boleto tiene fecha cierta; d) la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria”.-
En primer lugar, en el espíritu del proyecto se vislumbra la naturaleza de contrato definitivo (“derecho del comprador” no promitente; “inmueble vendido”); en segundo lugar se trata de oponibilidad de ejecuciones particulares; la oponibilidad de terceros que hubieran trabado cautelares, contiene un paradigma detrás, que es el derecho a la vivienda digna, como derecho humano; los requisitos enunciados son tomados del artículo 1185; y finalmente no se exige posesión, pero dice que “la adquisición tiene publicidad suficiente”, es decir, si el boleto no está inscripto, aunque sea que tenga posesión de buena fe.-
El artículo 1171 de oponibilidad del boleto en el concurso o quiebra, reproduce el artículo 1185 bis del Código de Vélez, por lo que no merece análisis en particular.-
Concluye el jurista tucumano, en que es un paso adelante el hecho de incorporar el boleto en la parte de los contratos en particular; que el proyecto constituye una ley civil, ley para todos, y que también es resguardar la dignidad humana, asegurarle y proteger los derechos fundamentales como el derecho humano a la vivienda; sin dejar de considerar, por otra parte, la obligación de salvar incongruencias de formas que el Proyecto contiene.-

DR. CARLOS PARELLADA- “Responsabilidad por las cosas y actividades riesgosas en el Proyecto de Reforma”.-
El jurista mendocino comienza haciendo una breve reseña contextual del Código de Vélez Sarsfield: es propio del siglo XIX y de una sociedad agraria; artículo 1113 (responsabilidad genérica); 1119 (daños por cosas suspendidas); 1124 a 1131 (responsabilidad por los animales); 1132 a 1136 (daños por cosas inanimadas). En el siglo XX el Código se ve desajustado a las nuevas pautas del proceso industrial, razón por la cual se sanciona la ley de reforma 17.711, adaptándose a la nueva realidad. El riesgo creado se regula como factor de atribución de la responsabilidad; daños derivados del riesgo de las cosas y daños causados con las cosas. Los problemas se generaron a partir de la dificultad de aceptación de la Reforma.-
Ahora bien, en el Proyecto de Unificación de Código Civil y Comercial del año 2012 se regula la Responsabilidad Civil dentro del Libro III, Título V, Capítulo I, estableciéndose las funciones de la responsabilidad en el artículo 1708: “Las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño, a su reparación, y a los supuestos en que sea admisible la sanción pecuniaria disuasiva”.-
Así se sistematiza de la siguiente manera: De la función preventiva y la sanción pecuniaria disuasiva (arts. 1710 a 1713); De la función resarcitoria (arts. 1714 a 1732); Del daño resarcible (arts. 1733 a 1744); De los daños de incidencia colectiva (arts. 1745 a 1748); Responsabilidad directa (arts. 1749 a 1751); Responsabilidad por el hecho de terceros (arts. 1753 a 1756).-
El artículo 1757 regula la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades: “Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención” (Fuente del artículo es el Proyecto de 1998).-
En primer lugar, presupone la intervención activa del hombre y en segundo lugar se suprime la categorización de daños con las cosas (responsabilidad subjetiva) y daños por riesgo o vicio de las cosas (responsabilidad objetiva).-
En cuanto a los sujetos responsables (artículo 1758), se mantiene la tradición argentina: “….El dueño y el guardián de la cosa son responsables indistintamente del daño…”. Para la doctrina y alguna jurisprudencia, tienen una obligación concurrente de responder. En el mismo artículo se define la naturaleza bifronte del guardián: “…quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella…”.-
Finalmente el artículo regula “…En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial”.-
Considera el Dr. Parellada que se ha unificado la Teoría del Daño, se da el mismo tratamiento para los casos iguales, como por ejemplo: la responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto por los arts. 1757 y siguientes (art. 1286); a los daños causados por la circulación de vehículos, se aplican también los arts. 1757 y ss. (art. 1769-accidentes de tránsito); en cuanto a la actividad de las profesiones liberales, se aplican las reglas de las obligaciones de hacer (art. 1768), no se aplican las disposiciones de los arts. 1757 y ss., excepto que causen un daño derivado de su vicio (parece excluir el riesgo, y considera sólo el vicio).-
El Dr. Parellada concluye afirmando que se trata de una responsabilidad que responde a la tradición argentina; se solucionan problemas respecto del contrato de fideicomiso y de leasing; no se alterar parámetros de seguridad; son normas claras y con antecedentes, y será labor de los jueces, darles contenido a las normas.-
Finalizando su exposición menciona que las normas de responsabilidad civil son sólo aplicables a las personas físicas y jurídicas, ya que el Estado Nacional está exento de responsabilidad civil (sólo dentro del derecho administrativo), tras haber sido derogados por el Poder Ejecutivo Nacional, el artículo 1764 del Proyecto: “El Estado responde objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño”; el artículo 1765 Responsabilidad del funcionario y del empleado público y el artículo 1766 Responsabilidad del Estado por actividad lícita. Éstos artículos fueron sustituidos por artículos que disponen: “… las disposiciones de éste título no son aplicables a la responsabilidad del Estado ni de manera directa ni subsidiaria; la responsabilidad del Estado se rige por normas y principios del Derecho Administrativo nacional o local; los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones se rigen también por las normas del Derecho Administrativo…”.-

DR. FÉLIX TRIGO REPRESAS- “Las obligaciones concurrentes y el nuevo Anteproyecto Código Civil (arts. 850 a 852)”.-
Las obligaciones concurrentes están reguladas en los artículos 850, 851 y 852 de la Sección 8 del Capítulo III, del Título I dentro del Libro Tercero.-
El artículo 850 las define, al igual que lo hacía el Proyecto de 1998, como “…aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes”, es decir que son aquellas que competen a dos ó más deudores, quienes deben lo mismo (sobre la misma cosa) a los mismos acreedores, pero que sus obligaciones tienen fuentes diferentes. En cuanto a los efectos, regulados en el artículo 851 que serán tratados con mayor detenimiento en párrafos aparte, los mismos son expansivos a codeudores y coacreedores, y el cumplimiento por un deudor a un acreedor, extingue la obligación (semejante a las obligaciones solidarias).-
Ahora bien, es necesario mencionar que antes de la ley de reforma 17.711, la responsabilidad derivada por cuasidelitos era una responsabilidad indistinta, parecida a la solidaria pero diferente; con la llegada de la ley 17.711 la responsabilidad por cuasidelitos se convirtió en solidaria (art.1113), tanto doctrina como jurisprudencia la aplicaban y la aplican; pero con el Proyecto de Reforma en cuestión, la responsabilidad íntegra de principal y dependiente frente al damnificado es expresamente concurrente, con lo cual es necesario analizarla y elaborar claras conclusiones.-
Dijimos anteriormente, que el concepto de obligaciones concurrentes está dado por el artículo 850, pero nos encontramos con que en el artículo 852 se regula: “Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones concurrentes”, con lo cual es inevitable el siguiente interrogante ¿No hubiese sido más fácil regir a todos por las obligaciones solidarias, donde encontramos pluralidad de deudores y acreedores, que se obligan por el todo y cuyos efectos son extensibles a todos?
Justamente, el artículo 852 determina los efectos de las obligaciones concurrentes, procurando seguramente, acercarlas a las obligaciones solidarias, que sean lo más parecidas posible. Así en ocho incisos describe las reglas que las rigen. Veamos:
a) el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente;
b) el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes;
Éstos efectos no generan dudas, al igual que los incisos de no expansión de la prescripción (e), la no expansión de la mora de uno de los deudores (f), la no oponibilidad de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores; y la acción de contribución del deudor que pagó la deuda contra los otros obligados (h). –
Las confusiones surgen respecto del inciso c) y d). Respecto del primero, el mismo innova respecto a la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación, ya que si son realizadas por uno de los deudores, “…en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados…”, o en su caso lo hacen parcialmente en la medida de lo satisfecho, con lo cual vemos cómo se introduce un efecto expansivo a éstas formas de extinción de las obligaciones, que antes no tenían.-
Considera que los efectos expansivos de las obligaciones concurrentes son más extensivos que los de las obligaciones solidarias, lo cual no tiene ningún fundamento ni explicación. Se debió haber regulado a todas las obligaciones como solidarias, para no entrar en un debate innecesario ni generar confusión.-
Finalmente, menciona algunas obligaciones concurrentes expresamente contenidas en el Proyecto de Reforma: Art. 1753- Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente “…La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente…”; Art. 1758- “El dueño y el guardián son responsables indistintamente del daño causado por las cosas…”(lo interpretamos como concurrente); Art. 1274- Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino “…La responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente…” (al constructor, proyectista, director).-

DR. DANIEL OLIVARES YAPUR- “La inserción tecnológica en los institutos de Derecho Civil y Comercial”.-
El Dr. Olivares Yapur comenzó su conferencia refiriendo que estamos frente a una era informática cuántica, que vivimos una realidad virtual y que el lenguaje icónico ha superado el texto dando nacimiento a un hipertexto, es decir un texto enriquecido. Refirió también la sanción de la Ley 25.506, de firma digital argentina. En el proyecto de reforma el artículo 286 se incorpora como una modalidad de la expresión escrita: “…puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible aunque su lectura exija medios técnicos”.-
Por su parte el artículo 288 del proyecto en el segundo párrafo dispone: “… En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho, si se utiliza un método que asegure razonablemente la autoría y la inalterabilidad del instrumento”.-
Asimismo el Dr. Olivares Yapur en relación a la firma digital o electrónica aclaró que no se trata de dispositivo biométrico como la huella digital ni se asemeja a la firma inserta en un documento nacional de identidad o en una tarjeta de crédito, sino que se trata de dispositivos matemáticos informáticos con seguridad criptográfica, con claves privadas y públicas y con una autoridad certificante (que de fe de que esa firma corresponde a esa persona).-
En el Capítulo III, del Título III dentro del Libro Tercero, referente a los Contratos de consumo, se analizan las modalidades especiales de celebración, y se hace referencia a los medios electrónicos: Artículo 1105- “Contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultanea de las partes contratantes. En especial se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones así como servicios de radio, televisión o prensa”.-
Artículo 1106: Utilización de medios electrónicos: “Siempre que en éste Código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito éste requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar”. El artículo 1107 refiere al deber de información sobre los medios electrónicos que recae sobre el proveedor, cuando las partes se valen de estas técnicas para celebrar un contrato de consumo a distancia; el artículo 1108 regula la vigencia de las ofertas de contratación por medios electrónicos y el artículo1109, qué se considera lugar de cumplimiento de un contrato a distancia, celebrados fuera de un establecimiento comercial y utilizando medios electrónicos: “…aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación…”. Se trata de normas que ratifican lo que ya se está aplicando en materia de contratos comerciales, para brindar mayor protección y seguridad.-
El Dr. Olivares Yapur concluye su exposición, refiriendo a unas citas latinas que representan a su criterio el estado actual de las relaciones contractuales electrónicas: antes decíamos “verba volant scripta manent” (“las palabras vuelas, lo escrito queda”), hoy podemos decir “verba scripta volant et manet” (“las palabras vuelan, pero permanecen”).-DR. FAVIO ROLANDO CONTURSO- “Las acciones colectivas. Historia. Jurisprudencia. Realidad en el anteproyecto del código unificado”.-
Las acciones colectivas o de clase son constitutivas de la Tutela Judicial Efectiva contenida en el artículo 43 de la Constitución Nacional, pero nunca fueron legisladas.-
Las ventajas de tener reguladas éstas acciones se pueden sintetizar en que con ellas se beneficia el Poder Judicial, ya que se evitan demandas innecesarias, se beneficia a las personas que no tiene una economía muy desarrollada, ya que son beneficios para el colectivo; y principalmente, afectan a toda la clase, clase de personas con daños comunes.-
Recordemos que tuvieron su origen en EE.UU, en el Common Law ( “Class Actions”) pero se proyectaron en muchos países del mundo, como ser: Italia (27-12-07 incorpora las acciones colectivas); Reino Unido (son denominadas acciones de representación u órdenes de acciones de grupo); países nórdicos (1990 se inicia un debate abierto, 2003 se incorporan expresamente en Noruega y Suecia); Holanda (en 2008 las incorpora); Brasil (el Código de 1976 ya las había incorporado, en función del bienestar general; en la Constitución Nacional también se incorporaron para resarcir daños a los titulares de títulos nobiliarios; y en el Código del Consumidor, son acciones indivisibles para defender intereses difusos); Venezuela; Colombia (en Defensa del Consumidor).-
En Argentina fue trascendente el Caso Halabi de fecha 24 de febrero de 2009. En el se resolvió que se trataba de una violación a “los derechos de incidencia colectiva que protegen intereses difusos homogéneos”.-
Los proyectos sobre acciones de clase fueron presentados desde el año 2002 pero nunca fueron tratados hasta la presentación del Proyecto de Unificación en el cual estaban reguladas en el artículo 14 de la siguiente manera:
ART.14: Derechos individuales y de incidencia colectiva. En éste Código se reconocen:
a) derechos individuales:
b) derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común, según lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1;
c) derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan las leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva general.-
Dentro de los fundamentos del Proyecto de Unificación se destaca la constitucionalización del derecho privado (se han tratado todos los principios y tratados constitucionales), por ello la incorporación de los derechos colectivos como sistematización de los derechos humanos con el derecho privado.-
El Dr. Conturso concluyó su exposición refiriendo a la sorpresiva modificación/derogación realizada por el Poder Ejecutivo Nacional de éstas acciones, al suprimir el inciso c) del artículo 14. Manifestó que no quedan más que reflexiones frente a un logro que aparentaba haberse alcanzado, pero que en realidad fue sólo ilusorio, y que sacar los derechos de incidencia colectiva es una forma de mendigar justicia, ya que las acciones actúan como únicas herramientas procesales para protegerlos.-

DR. PASCUAL E. ALFERILLO- “Los principios jurídicos en la propuesta de reforma de la Comisión Dec. 191/11”.-
Como punto de partida debemos ubicarnos jurídicamente y comprender que el Proyecto implica una constitucionalización del Derecho en general, y del Derecho Privado en particular; reconocer que la Constitución Nacional en el año 1994 modificó el Código Civil, y ser conscientes de la evolución científica vivida mundialmente.-
El Estado Posmoderno atraviesa una crisis entre la multiplicidad y complejidad de situaciones fácticas con la rigidez del normativismo abstracto: las leyes funcionan como foro orientador de conflictos, pero no abarcan toda la realidad, es allí donde adquieren importancia los principios jurídicos.-
Los Principios Generales de la Constitución Nacional están contenidos en cláusulas generales que son objeto de interpretación judicial. Así también esos Principios Constitucionales deben estar receptados como cláusulas generales en el Código Civil.-
En el Título Preliminar del Proyecto, Capítulo 1 denominado “Del derecho”, se recepta en el artículo 1 las fuentes y aplicación del Código, siempre a la par de la Constitución Nacional: “Los casos que éste Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. La interpretación debe ser conforme con la Constitución Nacional y los tratados en los que la República Argentina sea parte. A tal fin, se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.-
A su vez el artículo 2 también consagra lo referido anteriormente: “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”. El artículo 3 también recepta la confianza del juez en su decisión y la facultad de fijar principios: “El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”.-
Siguiendo con el análisis de los principios, el artículo 9 regula el principio de buena fe: “Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”. Consideró, el Dr. Parellada que se debería haber hecho una teoría de la mala fe, ya que sería la conducta a sancionar, y porque además generaríaa el deber de resarcir, la nulidad, etc.-
El artículo 10 consagra el abuso del derecho: “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización”.-
Innovador es el artículo 11 de abuso de posición dominante, pero al cual le hizo una pequeña objeción: “Lo dispuesto en los dos artículos anteriores (buena fe y abuso del derecho) se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales”. Consideró que si se hubiese omitido “en el mercado”, la aplicación sería mucho más amplia (por ejemplo, toda posición dominante en el matrimonio).-
Trascendente es el artículo 51 que consagra el derecho a la vida y a la dignidad humana, establecidos en la Declaración Americana de Derechos del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ambos tratados con jerarquía constitucional: “La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”.-
En el Segundo Libro “De las relaciones de familia”, Título I- Matrimonio, el Capítulo 1 se denomina “Principios de Libertad y de igualdad”, abarcando artículos 401 y 402, éste último de interpretación y aplicación de las normas: “Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo”.-
En el Título V del Libro Tercero, Sección 4 del Capítulo 1 (Responsabilidad Civil), se regula en el artículo 1734 el contenido de la indemnización del daño resarcible, reflejando un amplio abanico de condiciones resarcitorias: “La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”. Expresamente el artículo 1736 consagra el Principio de Reparación Plena: “La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que fuere parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa de responsable”.-
El Dr. Alferillo, quién integró en la redacción del Proyecto de Unificación la sección destinada a Prescripción, concluyó refiriendo que el proyecto contiene muchísimas normas procesales, afirmando que “donde hay un derecho siempre hay una acción para su defensa” e insistiendo en que ello no implica afectar la autonomía provincial ni lesionar al federalismo.-

DR. JORGE H. ALTERINI- “Usucapión, su régimen vigente en el anteproyecto de Código Civil”.-
Previo a la presentación y tratamiento del Proyecto de Unificación Decreto 191/11, nuestra historia muestra un largo recorrido entorpecido de proyectos que nunca llegaron a convertirse en ley. El Proyecto de 1987 fue vetado por el Poder Ejecutivo Nacional, el del año 1993 no llegó a la Cámara de Senadores y el último proyecto, base jurídica del actual, increíblemente sufrió problemas de imprenta, que obstaculizaron su tratamiento.-
El objetivo compartido por los proyectos mencionados, es modificar el Código sin alterar la filosofía de Vélez Sarsfield adaptándolo a las realidades de hoy.-
La prescripción adquisitiva está regulada dentro del Libro Cuarto “De los derechos reales”, Título I “De las disposiciones generales”, Capítulo 1, artículos 1897 a 1907.-
El artículo 1900 expresa (al igual que el Proyecto de 1998): “La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua”, es decir que ya no se exige la publicidad como en el Código de Vélez, sino que basta con la ostensibilidad.-
Los artículos 1898 y 1899 refieren a la prescripción adquisitiva breve y larga, respectivamente. El primero dispone: “La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante diez (10) años. Si la cosa es hurtada o perdida el plazo es de dos (2) años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título”. Como vemos, en cuanto a inmuebles se mantiene el criterio de Vélez del artículo 3999; pero respecto de cosas muebles se unifica el plazo de prescripción en dos años, a diferencia del artículo 4016 bis que dispone, tres años si es cosa robada o perdida, y dos años si es registrable.-
El segundo artículo, de prescripción adquisitiva larga dispone: “Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte (20) años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o invalidez del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión. También adquiere el derecho real el que posee durante diez (10) años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes”. El criterio de la prescripción veinteañal se mantiene, respetando el artículo 4015 y 4016 del código vigente, pero se innova respecto de cosas registrables no hurtadas ni perdidas.-
En cuanto a los efectos de la usucapión, el artículo 1903 recepta: “Se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración si ésta es constitutiva. La sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe”. Por su parte el artículo 1905 regula la sentencia de prescripción adquisitiva: “…debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo….La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión…”.-
Considera el Dr. Alterini, que el proyecto revive los vicios de la posesión, y que desde el punto de vista sociológico, no es justo tratar al poseedor de mala fe, que sabe que no es dueño de la cosa, de igual manera que al poseedor vicioso que adquiere la cosa por hurto o violencia; si hay vicios, no se puede usucapir. La tierra es una necesidad social y la toma de ella no es un delito sino una necesidad vital. Es muy difícil castigar a un ciudadano en crisis por la toma de tierras.-

DR. JUAN CARLOS PALMERO- “Algunas reflexiones sobre la persona humana en el nuevo proyecto del Código Civil”.-
Con la Ley 17711 del año 1968 el Código de Vélez se acomodó a los cambios que se vivían, se adaptó a la realidad vigente. Con el Proyecto de Reforma del año 1987 y con el del año 1993, el Código Civil soportó la unificación que iba más allá de la intención de mantener su continuidad como código histórico. Recordemos que los códigos históricos como el nuestro, son nuestro patrimonio cultural, hacen cultura, crean moldes y son de riqueza intelectual para el país. Sin embargo es necesaria una constante actualización de sus normas para una correcta adaptación a la realidad, aunque inevitablemente el problema que se suscita es de índole metodológica, de falta de técnica legislativa. Es imprescindible en primer lugar, hacer una concordancia o comparación con el código a modificar, determinando que se suprime y qué se mantiene; en segundo lugar, hacer una averiguación y determinación de las fuentes que sustentan las normas a incorporar; y por último, si se modifican los principios, dar los suficientes y razonables fundamentos.-
Como presidente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, confieso que hemos puesto a disposición de los redactores del Proyecto actual, toda la literatura jurídica que posee la Academia, considerando la importancia que reviste la elaboración de un nuevo Código Civil. Se trata de un cambio muy grande y que exige mucho compromiso.-
Nuestro Código Civil fue el primer código del mundo en elaborar una Teoría completa de la Persona, protagonista necesario de las relaciones jurídicas. El vigente artículo 30 constituye un cimiento de construcción jurídica, el género de la teoría: “Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones”. Sus especies están reguladas en el artículo 32 (personas jurídicas) y en el artículo 51 (personas físicas). La diferencia está dada porque en el primer caso no se define quiénes son las personas jurídicas, sino que se conceptualizan por exclusión “…todos los entes…que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas…”, y se clasifican según el carácter público o privado; en el segundo caso, sí se definen: “Todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible”.-
En el Proyecto en tratamiento, se rompe esa teoría de la persona. En el Libro Primero “De la parte general” Título I, se regula la “Persona Humana” sin dar una definición, sino determinando el comienzo de su existencia: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción en la mujer, o con la implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción humana asistida”. En el Título II, se regula a la “Persona Jurídica” y en éste caso sí se definen, utilizando semejante terminología a la de Vélez, con lo cuál más nos sorprende aún, haber suprimido la metodología empleada en el código histórico vigente: “Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto”. Si los llama entes ¿por qué entonces, se eliminó el concepto general de Vélez?
Por otro lado, desaparecen las “personas por nacer” como categoría histórica (recordemos que Vélez Sarsfield le dio naturaleza ontológica al nasciturus), aunque no sustancialmente ya que en el artículo 24 se mencionan como personas incapaces de ejercicio. Es esencial el respeto por el derecho humano fundamental a la vida por nacer.-
Es interesante analizar, volviendo al comienzo de la persona humana como está redactado en el Proyecto, que se le da tratamiento a un mismo fenómeno (el comienzo de la existencia humana) de dos maneras diferentes: la concepción y la implantación (de óvulos ya fecundados). Claramente, la necesidad de postergar el comienzo de la existencia otorgando una mayor libertad antes de la implantación para el trabajo con los embriones, beneficia exclusivamente a los médicos que se dedican a éstos tratamientos. Como también es cierto a mi criterio, que con el fin de la existencia de las personas regulado en el artículo 94, también se posterga su comprobación porque de esa manera se permite manejar el sistema de trasplantes: “…La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver”.-

DR. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI- “Bases constitucionales del derecho de familia en la reforma”.-
“No estamos enamorados de los textos, sino que admiramos profundamente a la magnífica obra de Vélez Sarsfield” (sobre todo en el último año y medio).-
El Dr. Bidart Campos nos recuerda que “el Código Civil no es el techo del ordenamiento jurídico”.-
Es necesario plantear y dar a conocer el debate histórico que se produjo entre dos colosos de nuestra historia, Vélez Sarsfield y Juan Bautista Alberdi.-
Para Alberdi el Código Civil “es la parte de la legislación que tiene por objeto desarrollar derechos naturales de los hombres, las familias y la sociedad”. Crítica que hace a Vélez, que en las notas del Código cita todo, pero nunca cita a la Constitución Nacional. “No puede la Constitución Nacional ir hacia el norte y el Código Civil hacia el sur” (declaración de Alberdi, en relación a Brasil).-
Concretamente el aspecto principal de la polémica es el matrimonio religioso de Vélez, que no se permitía entre personas de distinta religión mientras que la CN sí lo regulada, es decir que iban separados, cada uno por su lado.-
Es interesante traer a colación el impacto que trajo la Ley de Matrimonio Civil en Santa Fe, siendo que fue la primera ley a nivel provincial, dictada durante el gobierno de Nicasio Oroño, en septiembre de 1867. Se trata de la historia de Magdalena Moritz, protestante y Alois Tabernig, católico. Vivían en Esperanza, y ante la imposibilidad de poder contraer matrimonio bajo el Código Civil que sólo reconocía el matrimonio religioso y ante la negativa del Obispo de Paraná, se casaron ante el “árbol de la libertad”, un árbol plantado justo entre la Iglesia y el templo protestante. El consentimiento para contraer matrimonio civil fue dado por el gobernador, razón por la cual se llamó “ley Oroño” (de libertad de unión). En los fundamentos ante las Cámaras legislativas, Oroño expresó: “los constantes esfuerzos que se han hecho hasta hoy por la provincia para traer la inmigración extranjera, los sacrificios que ha sido indispensable hacer para el establecimiento de Colonias en su territorio, serían infructuosos si no procurásemos hacer efectivas las garantías constitucionales, acabando con el absurdo de imponer a los extranjeros, de creencias diferentes a la nuestra, como condición para el ejercicio de los derechos civiles de casarse, la obligación de abjurar de su religión”.-
La Iglesia Católica que había tenido el monopolio de los casamientos de los cristianos a través de los siglos, quiso continuar con ese privilegio y para defenderlo realizó una fuerte oposición a la ley y contra el gobernador. El Obispo Monseñor Gelabert y Crespo, amenazó con excomulgar al gobernador. Implementó una campaña para que los vecinos no se casen por civil, como lo indicaba la nueva ley; el argumento era que la ley lesionaba los sentimientos religiosos de la población.-
La siguiente anécdota revela el nivel de oposición que la Iglesia promovía contra esa ley, y contra los matrimonios mixtos que posibilitaba: el 30 de diciembre de 1867, en la plaza de San José del Rincón, los opositores a la ley “la fusilaron”. Pusieron un ejemplar de la ley de Matrimonio Civil en un cuadro, y frente a una multitud convocada “la ejecutaron” a tiros de fusil. El gobernador pidió a la justicia que procese al Obispo por subvertir el orden público.-
El conflicto entre el gobierno y la Iglesia terminó con la renuncia del gobernador Oroño y con la intervención de la provincia por parte del gobierno nacional.
Al siguiente año, en 1868, el nuevo gobernador, Mariano Cabal, derogó las leyes.-
Recién veinte años después, en 1888, se modificó el Código Civil instaurando el matrimonio civil, sin distinción de religión (o ausencia de ella) de los cónyuges. Antes de eso, el Código de Dalmasio Vélez Sarsfield notaba explícitamente que para los católicos no era admisible el matrimonio civil; reconocía efectos civiles a los matrimonios oficiados por cualquier religión (en teoría), pero dejaba fuera a los no creyentes. El Código modificado eliminó este efecto civil del matrimonio religioso, tomando como legalmente válida sólo la ceremonia civil.-
Como conclusión no es más que una historia paradigmática que explica problemas de ideologías.-
Ahora bien, como punto de partida para el análisis del Proyecto de reforma, es necesario hacer una relectura de tres valores fundamentales consagrados por la Revolución Francesa de 1789: libertad, hoy lo interpretamos como autonomía; igualdad como pluralismo y fraternidad como solidaridad y responsabilidad. Estos principios constitucionales integrados con los tratados de derechos humanos fueron el hilo conductor del Decreto 191 del 23 de febrero de 2012. “Si Alberdi, tenías razón…vamos para el mismo lado”.-

Los fundamentos del Proyecto son los siguientes:
– Constitucionalización del Derecho Privado;
– Igualdad real (art. 75, inc.23 de la CN- “Verdadera ética de los vulnerables”);
– Paradigma no discriminatorio;
– Sociedad multicultural (personas con ideas diferentes que tienen libertad y autonomía para formar sus familias, deben ser protegidas);
– Derecho humano al avance tecnológico (vulnerabilidad del más desprotegido).-

Existen dos realidades, la resistencia al cambio y la dificultad en regular la complejidad. La simplicidad es tentación de los teóricos, no hay verdad si no se respeta la igualdad.-
La autonomía progresiva se recepta en el artículo 26- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad: “La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales…”.-
Recordemos que lo que no está en la realidad la ley no lo inventa, y que los límites a la libertad y la igualdad son la responsabilidad y solidaridad. Ésta última se refleja por ejemplo en el artículo 249 “La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Sólo se puede requerir su ejecución por…”.-
“Vivimos en un mundo en el que por fuerza hay que hacerles sitio a todos. No se puede huir de los otros, no existe otro lugar” – René Jean Dupuy (“La emergencia de la humanidad”).-

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